En una decisión que ya genera controversia en organismos de derechos humanos y sectores académicos, el Gobierno nacional publicó este jueves el DNU 366/2025, que introduce profundos cambios en la Ley de Migraciones N.º 25.871. Las nuevas disposiciones apuntan a endurecer las condiciones de permanencia en el país para extranjeros, limitar el acceso gratuito a la salud y la educación, y agilizar las expulsiones por irregularidades o antecedentes penales.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y plantea un nuevo enfoque en materia migratoria, donde los beneficios y derechos quedarán condicionados a la categoría de residencia. A pesar de que el texto subraya el principio de no discriminación y el acceso igualitario “en situaciones de emergencia”, se abren puertas a nuevos esquemas de cobro por servicios públicos, en especial para quienes no cuenten con residencia permanente.
Salud pública: arancelamiento para extranjeros sin residencia permanente
Uno de los puntos más sensibles del decreto es el que modifica el acceso al sistema de salud pública. Aunque se garantiza la atención “en casos de emergencia” sin importar la situación migratoria, se establece que, fuera de esos casos, los extranjeros deberán presentar un seguro de salud o pagar por adelantado la atención médica en los hospitales administrados por el Estado nacional.
En cambio, quienes cuenten con residencia permanente podrán seguir accediendo a la atención médica en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos. Esta segmentación plantea un antes y un después en el acceso a los bienes públicos básicos, especialmente en áreas con alta demanda de atención por parte de comunidades migrantes.
Universidades públicas: ¿fin de la gratuidad para todos?
Otro eje central del decreto es el vinculado a la educación superior. A partir de esta modificación, los estudios de grado seguirán siendo gratuitos únicamente para argentinos nativos o por opción y para extranjeros con residencia permanente. Las universidades estatales quedan habilitadas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no cumplan con estas condiciones, aunque con la posibilidad de otorgar becas si existe algún acuerdo bilateral o institucional.
Se mantiene la gratuidad obligatoria en los niveles inicial, primario y secundario, sin discriminación por situación migratoria. Además, los establecimientos deberán asistir a los estudiantes extranjeros en la regularización de su estatus migratorio.
Deportaciones, ciudadanía y residencia: más trabas y requisitos
El DNU también refuerza el control migratorio al establecer criterios más estrictos para el acceso a la residencia permanente y, eventualmente, a la nacionalidad argentina por naturalización.
Para obtener la residencia definitiva, los interesados deberán demostrar medios económicos suficientes y no tener antecedentes penales. Además, la residencia precaria, otorgada mientras se resuelve la situación migratoria, tendrá una duración máxima de 90 días, y no generará derechos a largo plazo ni contribuirá al “arraigo” necesario para tramitar la nacionalidad.
En cuanto a la reunificación familiar, se reconocen como beneficiarios a los cónyuges, padres e hijos de ciudadanos argentinos o residentes, aunque el permiso será temporal y prorrogable, sin garantías automáticas de permanencia definitiva.
Una nueva etapa para la política migratoria argentina
El nuevo marco legal abre un profundo debate sobre el futuro de la política migratoria en Argentina. Mientras que el Gobierno lo defiende como un intento por “ordenar el sistema” y “respetar la reciprocidad con otros países”, organizaciones sociales alertan por el retroceso en derechos humanos y el riesgo de discriminación hacia poblaciones vulnerables.
La Dirección Nacional de Migraciones será la encargada de implementar estas reformas y evaluar los cambios de categoría migratoria. Las autoridades insisten en que se respetará la legalidad y la atención en casos de urgencia, pero para muchos especialistas, este endurecimiento normativo marca un giro sin precedentes en la relación del Estado argentino con sus comunidades migrantes.
