El Gobierno de Javier Milei apuesta a cerrar el 2025 con una nueva victoria legislativa: la aprobación de la ley que blindará los derechos de los ahorristas dentro del sistema tributario, como segunda fase del Plan de Reparación Histórica presentado por Luis Caputo.
El primer tramo del paquete —instrumentado vía decreto y resoluciones administrativas— entrará en vigencia desde el 1 de junio. La segunda parte, en cambio, requerirá el aval del Congreso. Se trata de una reforma profunda en las leyes Penal y de Procedimiento Tributario, con dos ejes centrales: acortar los plazos de prescripción y garantizar que futuros gobiernos no puedan revertir la libertad financiera conquistada.
Negociaciones en marcha, texto en elaboración
Aún no hay borrador circulando. Ni siquiera los aliados libertarios conocían en detalle la iniciativa hasta esta mañana. “Aún no está lista, pero lo estará pronto”, admitieron desde Casa Rosada. El anuncio sorprendió incluso a bloques cercanos como el PRO y la UCR, que esperan conocer el contenido antes de fijar postura.
La Casa Rosada no busca un tratamiento exprés, pero espera avanzar antes del cierre del ciclo legislativo actual, sabiendo que con el calendario electoral, la actividad parlamentaria se diluirá progresivamente.
El propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció que reformas de mayor calibre —como la laboral o la previsional— quedarán para después del recambio legislativo. Pero este proyecto, afirman desde su entorno, tiene mejores chances. “Estamos bien con los números en este tipo de cosas”, deslizan desde su equipo.
Los gobernadores, la clave del tablero
El Gobierno sabe que no alcanzará con el respaldo del PRO y la UCR. La apuesta está en los mandatarios provinciales, que días atrás evitaron que la oposición dura consiga quórum para tratar leyes previsionales que ponían en riesgo el superávit fiscal.
Los libertarios exploran tres vías para negociar: movilizar un proyecto, impedir que avance otro o bloquear el inicio de una sesión. La estrategia varía según el tema y los interlocutores.
Esta semana colaboraron con el oficialismo diputados cercanos a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Martín Llaryora (Córdoba). Son los mismos nombres que aparecen cuando hay que sostener vetos o reforzar el apoyo a la Ley Bases.
“Muchos gobernadores tienen buena predisposición a ayudar si se trata de medidas económicas que dinamicen las economías regionales”, sostienen desde Diputados. Y agregan: “Mientras no se toque la coparticipación, es muy difícil que haya presión en contra”.
Pazo: “Las provincias tienen incentivos para que salga”
El titular de ARCA, Juan Pazo, dejó en claro que el blindaje legal apunta a proteger el nuevo régimen de declaración simplificada y que su éxito beneficiará directamente a las provincias. “Van a tener incentivos para que salga”, dijo esta mañana.
Sin embargo, cerca de varios mandatarios consultados, la respuesta fue más fría: “Estamos más preocupados por la caída de la recaudación y la baja de la coparticipación”. Aunque no descartan acompañar, reclaman señales concretas de respaldo financiero.
Un giro estratégico que fuerza a la oposición a posicionarse
El oficialismo cree que la ley pondrá a la oposición en una situación incómoda. “Negarse a dar previsibilidad a los ahorristas va a ser más costoso políticamente”, afirman desde el entorno presidencial. No se trata de una ley cualquiera: es la consolidación jurídica de la libertad económica que Javier Milei prometió en campaña.
Así, mientras se dilata el tratamiento de otras reformas estructurales, la Ley de Blindaje a los Ahorros se convierte en una prioridad táctica que combina libertad individual, reforma del Estado y presión política sobre los bloques intransigentes.
