El Gobierno nacional decidió dar de baja una serie de programas destinados a pequeñas y medianas empresas (pymes), con el argumento de que generaban distorsiones en los precios y no eran eficientes. La medida fue celebrada públicamente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
De acuerdo al texto del Decreto 339/2025, publicado en el Boletín Oficial, los programas eliminados impedían la «dinámica natural del libre mercado» y eran incompatibles con la política de reducción del gasto estatal y desregulación impulsada por la gestión de Javier Milei. La decisión se alinea con el Decreto 70/23, que sentó las bases del plan económico del gobierno actual.
El Poder Ejecutivo explicó que la eliminación de estas herramientas busca que «los recursos públicos se asignen de forma más racional y efectiva», y señaló que muchos de esos programas eran redundantes, sin resultados concretos o con escaso alcance en relación al universo de PYMES que existen en el país.
El ministro destacó que dentro de los programas eliminados había desde consorcios de exportación sin escala, hasta cursos de capacitación que consideró irrelevantes, pasando por registros que no se usaban y vínculos forzados entre grandes empresas y PYMES. También apuntó que, en algunos casos, los fondos estaban destinados a asistir a apenas un puñado de empresas. «El presupuesto 2025 incluía ayuda para solo 150 PYMES sobre un total de más de 500 mil», cuestionó el economista.
Los subsidios y programas estatales para las pymes que fueron eliminados
Entre los programas cancelados están el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, el Sistema de Información MIPyME, el Programa de Desarrollo de Proveedores, la Red de Agencias de Desarrollo Productivo y los consorcios de exportación de empresas pequeñas. También se eliminaron artículos clave de las leyes 24.467 y 25.872 que daban respaldo a estas políticas.
Para el gobierno, el camino para fortalecer al sector no pasa por programas específicos, sino por “menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir”, en palabras del propio Sturzenegger. Mientras tanto, sectores empresariales y cámaras de PYMES expresaron preocupación por la medida, aunque aún no hubo comunicados oficiales de rechazo. La discusión sobre cómo fomentar la producción sin intervención estatal queda abierta.
