Mientras los gremios del Congreso redoblan la presión para reabrir las paritarias y actualizar los sueldos del personal legislativo, el Senado enfrenta un nuevo frente de conflicto. El bloque del Frente de Todos comunicó en las últimas horas que no participará más de ninguna votación vinculada a las dietas de los legisladores y dejó la definición en manos del oficialismo, los bloques dialoguistas y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Con los haberes de los senadores atados a los incrementos que reciben los empleados del Congreso, cualquier acuerdo paritario podría impactar de forma directa sobre las dietas, hoy ubicadas en más de $9 millones en bruto. La interna política, lejos de calmarse, se agita con pases de factura, reproches cruzados y una decisión que sacude el tablero legislativo.
“Nos hartaron”: el Frente de Todos se desentiende
El hartazgo dentro del peronismo no es nuevo, pero ahora llegó a un punto de quiebre. «Nos hartaron. Que hagan lo que quieran», lanzó un senador con llegada al interbloque que lidera José Mayans. La decisión, si bien puede leerse como un acto de desmarque estratégico, también implica una jugada que deja la carga política del aumento en los bloques que suelen mostrarse como defensores de la austeridad.
Los libertarios, junto a sectores del PRO y la UCR, quedarán expuestos a una presión creciente en medio de las demandas gremiales, mientras Villarruel deberá maniobrar en una Cámara donde la paridad de fuerzas complica cualquier definición. El antecedente inmediato es el tratamiento fallido de Ficha Limpia, que profundizó la desconfianza entre los espacios.
Un sistema votado en silencio
En abril de 2024, oficialismo y oposición sellaron un acuerdo silencioso que reformuló el esquema de dietas, atándolas al mismo módulo que utilizan los trabajadores del Congreso. A eso se sumaron adicionales por representación y desarraigo, además de una dieta extra al año para simular el aguinaldo. Desde entonces, el ingreso bruto de los senadores superó los $7 millones mensuales, cifra que trepó con las últimas actualizaciones.
Alicia Kirchner fue la única senadora que rechazó ese esquema y optó por mantener su jubilación. El resto, incluyendo a quienes ahora denuncian cinismo ajeno, se alineó sin objeciones al nuevo régimen. Durante el segundo semestre del año pasado, se congelaron los haberes hasta diciembre, y luego Villarruel estiró el congelamiento hasta marzo de este año.
Nadie se hace cargo
Desde entonces, el tema quedó en un limbo. Con el congelamiento vencido y sin acuerdo para avanzar en una nueva resolución, las especulaciones se multiplicaron. Hubo intentos para aplicar el aumento con el nuevo módulo y luego volver a congelar, pero ni siquiera esa salida prosperó.
La decisión del Frente de Todos deja ahora 34 bancas sin interés en intervenir. El resto, un conjunto de 38 legisladores que incluye a libertarios, PRO, radicales y provinciales, deberá definir una postura común. Pero los antecedentes recientes no generan confianza: el caso de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que votaron contra Ficha Limpia, o el de los santacruceños Carambia y Gadano, que evitaron acompañar la designación del nuevo secretario administrativo, reflejan una Cámara cada vez más impredecible.
Paritarias, gremios y caos administrativo
En paralelo, los gremios buscan reabrir la discusión salarial. El sindicato APL, que conduce Norberto Di Próspero, logró que el Frente de Todos presentara notas a Villarruel y al presidente de Diputados, Martín Menem, para que se habilite una mesa de negociación. Una jugada que expone la pasividad del sindicato, pero también la dependencia política de sus reclamos.
En los pasillos del Congreso también crece la tensión por los nombramientos recientes y los errores administrativos. Una asesora cercana a Villarruel fue apuntada por fallas en la gestión, mientras se mantiene vigente una cautelar impulsada por APL por las retenciones de Ganancias. El clima entre las bancadas quedó profundamente dañado tras el escándalo por Ficha Limpia, lo que complica aún más cualquier posibilidad de acuerdo.
El jueves, un mensaje de Recursos Humanos trajo algo de alivio: anunció recategorizaciones y recordó beneficios pendientes. Pero el trasfondo del conflicto sigue intacto. Con el Frente de Todos corrido de la escena, y el gremio presionando desde las sombras, la pelota quedó del lado de Villarruel y los dialoguistas. Si no responden, el costo político ya no será compartido.
