El PAMI quedó una vez más en el centro de una tormenta política y judicial. En esta ocasión, el detonante es una licitación exprés para la compra de pañales, que terminó adjudicando un contrato de u$s450 millones con precios un 20% superiores al esquema vigente y condiciones sumamente llamativas. La firma de este nuevo convenio lleva la rúbrica de su titular, Esteban Leguizamo, y ya generó una ola de denuncias por direccionamiento, sobreprecios y deterioro en la calidad de los productos.
El escándalo se potencia no solo por el monto involucrado —uno de los contratos más importantes del organismo— sino también por la forma en que se realizó: con apenas seis días hábiles entre la convocatoria y la apertura de sobres. Tres de las cuatro empresas interesadas en participar presentaron quejas formales porque no llegaron a cumplir con los requisitos impuestos de forma repentina.
Condiciones que excluyeron a la competencia
La licitación fue convocada el 14 de abril y se abrieron los sobres el 25. En el medio hubo Semana Santa, lo que redujo a seis los días hábiles efectivos para preparar las propuestas. Las empresas denunciaron que se cambiaron de un día para otro las condiciones técnicas del pliego, se impusieron garantías altísimas (una póliza de $25.000 millones) y se exigió disponibilidad de grandes galpones en CABA y el AMBA para almacenar 15.000 pallets. “Todo fue hecho a medida”, afirmaron fuentes del sector.
Además, la empresa ganadora del contrato habría consultado previamente a fabricantes nacionales para cotizar el producto… un mes antes de conocerse oficialmente el pliego. Todo quedó documentado, lo que alimenta la hipótesis de un proceso direccionado.
Menos calidad y más precio
El nuevo esquema establece un precio mensual de más de $13.000 millones —antes se pagaban $11.000 millones— y contempla incluso un pago anticipado del 3% del total del contrato, algo inusual en compras públicas. También se rompe el esquema anterior que involucraba a farmacias, droguerías y fabricantes, centralizando ahora toda la logística en una única empresa distribuidora.
Pero las irregularidades no terminan ahí. Expertos consultados advirtieron sobre un grave retroceso en la calidad de los pañales: de 75 gramos pasarán a 50, se eliminan capas de absorción y se achican las cintas adhesivas. “Son pañales más livianos, más baratos de transportar, pero claramente de menor calidad”, detallaron.
Riesgo sanitario y falta de control
El PAMI distribuye actualmente más de 17 millones de pañales y apósitos por mes a unos 200.000 afiliados. Lo hacía bajo un sistema de receta electrónica validada por profesionales, lo que garantizaba el control del padrón. Con el nuevo esquema logístico directo, las empresas temen que se pierda trazabilidad y se utilicen padrones desactualizados para facturar productos no entregados.
Además, la sospecha de corrupción no es nueva. Días atrás, exfuncionarios del PAMI designados por el propio Javier Milei denunciaron irregularidades en compras sin licitación, con sobreprecios de hasta el 700%. La licitación de pañales parece encajar en ese mismo patrón: urgencia administrativa, poca transparencia y decisiones que perjudican tanto al Estado como a los afiliados.
Una causa que recién empieza
El caso ya generó movimientos judiciales y el malestar crece dentro del propio oficialismo, que apunta directamente a la gestión interna del organismo. Leguizamo, al frente del PAMI, quedó en el centro de las críticas y deberá responder por un proceso que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos administrativos del año.
Mientras tanto, la salud de miles de jubilados y pensionados está en juego. La combinación de precios más altos, calidad más baja y pagos anticipados, bajo un proceso exprés y con escasa competencia, plantea preguntas que la Justicia deberá responder con urgencia.
