El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida que obliga a las prepagas a informar previamente cualquier aumento en las cuotas. Esta decisión marca un cambio importante respecto a la desregulación que el propio Poder Ejecutivo había impulsado al inicio de su gestión.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud en el Boletín Oficial busca establecer un procedimiento estandarizado y obligatorio que permita al Estado tener un mayor control sobre la evolución de las tarifas en un sector que, durante el último año, acumuló aumentos por encima de la inflación general. La resolución detalla que las prepagas deberán entregar información específica sobre los porcentajes de variación, los nuevos valores por plan, las franjas etarias y las zonas geográficas.
La fuerte exigencia protocolar del Gobierno nacional a las prepagas
Las prepagas deberán presentar ante la Superintendencia el texto completo de la comunicación que se enviará a los usuarios, el cuadro tarifario actualizado, y los valores de copago por prestación. Además, tendrán que cargar toda esta información en el sitio web institucional del organismo y cumplir con los plazos establecidos.
Según la resolución, las empresas contarán con un plazo de cinco días luego de la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para presentar la documentación. Además, deberán garantizar una anticipación mínima de 30 días corridos antes del vencimiento de la cuota, para que la notificación a los afiliados tenga validez legal.
El Gobierno busca de este modo establecer una mayor transparencia en los aumentos, tras varios meses en los que las subas se aplicaron sin controles previos y generaron fuertes críticas de los usuarios. En septiembre de 2024 ya se había dado un primer paso en esa dirección con la Resolución 2155, pero ahora el procedimiento se vuelve obligatorio y detallado.
Con esta nueva normativa, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera un rol activo en la regulación del sector privado, que había quedado liberado a las reglas del mercado. La medida también busca prevenir situaciones abusivas, garantizar previsibilidad y reforzar el monitoreo de un servicio clave para millones de personas.
