El Gobierno nacional se encuentra investigando un ciberataque que afectó a las Fuerzas Armadas y expuso información sensible de aproximadamente 50.000 efectivos. Entre los datos comprometidos figuran nombres, documentos de identidad, domicilios particulares, lugares de servicio, antecedentes de viajes y detalles sobre familiares y condecoraciones.
La denuncia formal fue presentada por el Ejército Argentino el pasado 8 de mayo ante la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal. A partir de ese momento, se comenzaron a implementar medidas preventivas con el objetivo de reforzar la seguridad de los sistemas administrativos de las fuerzas.
Aunque se trata de información que podría poner en riesgo la privacidad de los involucrados, desde el Ministerio de Seguridad aclararon que no se vieron comprometidos los sistemas operativos ni las estructuras críticas de defensa. Según señalaron desde el Ejército, la mayoría de los datos filtrados serían de carácter administrativo y, en muchos casos, de acceso público.
Las medidas de Bullrich para encontrar a los culpables del hackeo a las Fuerzas Armadas
De todas formas, el incidente encendió alarmas en el Gobierno. Desde el entorno de Patricia Bullrich aseguraron que ya se activaron los protocolos correspondientes para contener el alcance de la filtración. En paralelo, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) trabaja junto a otros organismos estatales para evaluar los riesgos reales del ataque y prevenir eventuales nuevos accesos indebidos.
Lo que preocupa especialmente es que entre los datos expuestos figuren no solo los legajos militares, sino también domicilios de familiares y registros de viajes, lo cual podría ser utilizado con fines maliciosos si cae en manos equivocadas. El hackeo deja en evidencia la necesidad de reforzar los sistemas de protección informática en organismos sensibles del Estado.
Aunque hasta el momento no se han identificado responsables del ataque, los investigadores ya trabajan con varias hipótesis. No se descarta que el ataque haya tenido motivaciones políticas, financieras o incluso un intento de dañar la imagen institucional de las fuerzas en un contexto de alta exposición mediática.
En medio del escándalo, el Ministerio de Defensa aún no emitió declaraciones públicas. Mientras tanto, la atención se concentra en determinar cómo se produjo el acceso, qué medidas se omitieron y si hubo negligencias que facilitaron esta grave vulneración de información sensible en uno de los sectores más estratégicos del Estado.
