Un intento de hackeo al teléfono del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, encendió nuevamente las alarmas sobre posibles maniobras de espionaje contra funcionarios judiciales. El hecho fue detectado por un empleado de la Justicia que, tras notar irregularidades durante una llamada sospechosa, decidió interrumpir la comunicación y reportar el incidente a las autoridades correspondientes.
El trabajador no encontró ninguna anomalía en el sistema interno, pero sí detectó inconsistencias en el contenido de la conversación. Ante la sospecha de un intento de suplantación de identidad o acceso indebido, elevó el caso a la Dirección de Seguridad del tribunal. De inmediato, la denuncia fue derivada a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con intervención del fiscal Santiago Vismara.
Al revisar el número telefónico desde el cual se originó la llamada, las autoridades confirmaron que pertenecía a la línea asignada al magistrado. Por precaución, Rosatti ya cuenta con un nuevo número. Sin embargo, el incidente refuerza una preocupación vigente en el ámbito judicial: el posible accionar de redes de espionaje ilegal sobre jueces y funcionarios con relevancia en causas de alta sensibilidad política.
Una amenaza con antecedentes y conexiones
Este episodio no es el primero que involucra al presidente del máximo tribunal. Hace dos años, Rosatti denunció la existencia de cinco líneas de teléfono abiertas a su nombre sin su consentimiento. Aquella investigación destapó una red de espionaje que no solo lo afectó a él, sino también a otros magistrados como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Verónica Skanatta. También fueron blanco figuras políticas como Diego Santilli y el exministro Marcelo D’Alessandro.
La causa judicial derivada entonces permitió identificar a una estructura con vínculos complejos. Entre los procesados estuvieron el hacker Ezequiel Núñez Piñeyro y el ciudadano misionero Santiago Machado. Ambos fueron acusados de participar activamente en maniobras ilegales de duplicación de identidad y recopilación de datos privados.
Asimismo, fue señalado el ex policía Ariel Zanchetta, quien habría solicitado más de 2.100 informes personales sobre magistrados, funcionarios y dirigentes políticos. Su accionar, según la investigación, alcanzó incluso a Fabián “Conu” Rodríguez, un referente de La Cámpora que se desempeñaba en la AFIP en ese momento.
La Justicia no descarta una red organizada
Bajo ese marco, las autoridades judiciales ahora evalúan si este nuevo intento forma parte de una estructura organizada que busca acceder a información sensible de quienes intervienen en causas de alto impacto político. La sospecha no es menor, teniendo en cuenta el contexto judicial y el historial de hechos similares.
En los últimos años, varios jueces han sido blanco de maniobras de espionaje, muchas veces sin que se identificaran responsables de manera concluyente. El avance de las tecnologías y la vulnerabilidad de los sistemas de comunicación hacen que este tipo de amenazas se multipliquen.
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— Noticias Argentinas (@NAagencia) May 9, 2025
??Intentaron hackear el teléfono de Horacio Rosatti y la Justicia investiga una posible maniobra de espionaje.
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