El Gobierno de Javier Milei continúa avanzando con su plan de reorganización del Estado y puso en marcha una medida que genera fuerte repercusión en el ámbito de los Derechos Humanos: a través del Decreto 344/2025, se dispuso la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de la ESMA en unidades organizativas que pasarán a funcionar bajo el paraguas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
La decisión fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial y forma parte del plan de «reestructuración integral» del aparato estatal que impulsa el Ejecutivo. Según argumentaron, el objetivo es “garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos públicos y promover una gestión más ágil y centralizada”.
La medida implica la disolución de la autonomía operativa de dos organismos emblemáticos en materia de memoria, verdad y justicia, que quedarán ahora bajo la órbita de un ente central. Según el texto oficial, esta reorganización busca “optimizar recursos sin comprometer la conservación de archivos ni las actividades institucionales”.
Desde el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, aseguraron que tanto el Archivo Nacional de la Memoria como el Museo Sitio de Memoria ESMA y el CIPDH “comparten funciones complementarias” y que la medida permitirá “unificar criterios y eliminar duplicidades”.
En paralelo, un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional —dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— dio sustento al decreto al señalar que existen actualmente 111 organismos estatales (40 desconcentrados y 71 descentralizados), con un total de 477 autoridades superiores, lo que para el oficialismo justifica avanzar con fusiones, cierres o transformaciones estructurales.
A pesar de las explicaciones técnicas, la resolución ya despierta fuertes críticas en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, que consideran que la medida podría representar un retroceso simbólico y práctico en las políticas de memoria del país. Aún no se han pronunciado oficialmente los organismos históricos como Abuelas de Plaza de Mayo o el CEDH, pero se espera que haya manifestaciones en los próximos días.
Desde Casa Rosada, en tanto, reafirmaron la línea de acción del Ejecutivo: “Para una gestión estatal más eficiente, se avanza en la evaluación de las competencias de cada jurisdicción y en la necesidad de reducir estructuras superpuestas que afectan el buen uso de los fondos públicos”.
En medio de una agenda marcada por recortes, reformas estructurales y la disputa por la Ley Bases, el Gobierno redobla su apuesta por achicar el Estado, esta vez tocando una de las áreas más sensibles del entramado institucional argentino: la que conserva y preserva la memoria de los crímenes de la última dictadura.
