La decisión del gobierno bonaerense de no adherir al blanqueo de capitales impulsado por Javier Milei desató una fuerte respuesta desde el Ejecutivo nacional. El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, acusó a Axel Kicillof de mantener una «mentalidad soviética» y advirtió que la provincia perderá acceso clave a datos tributarios si no se suma al nuevo sistema.
“El régimen no es obligatorio, pero la adhesión facilita el acceso a información sensible. Si no lo hacen, no habrá datos de facturación ni consumos de alta gama. Eso le complica la vida a Kicillof, no a la gente”, remarcó Pazo en declaraciones a radio La Red. La frase fue respaldada luego con un comunicado oficial de ARCA, que advirtió que las jurisdicciones no adherentes no podrán acceder a registros por encima del umbral de $50 millones.
El plan del Gobierno y el rechazo opositor
El nuevo blanqueo fue diseñado por la Casa Rosada como una vía para canalizar dólares no declarados hacia el circuito formal. La medida, anunciada la semana pasada, apunta a incentivar el ahorro productivo y facilitar la inversión sin penalidades ni fiscalización retroactiva.
Para explicar su implementación, el Gobierno convocó este martes a una reunión virtual con representantes de 17 provincias. Allí se delinearon aspectos técnicos del programa y se plantearon mecanismos para que cada jurisdicción pueda adherirse en caso de requerir ajustes normativos locales.
Sin embargo, varios mandatarios peronistas y aliados opositores evitaron participar. Entre ellos se destacaron el propio Kicillof, Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También se ausentó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien la relación se tensó tras el desplante presidencial en el Tedeum.
“Mentalidad de control total”
Pazo fue directo en su crítica al gobernador bonaerense: “Esta concepción soviética de controlar todo y fiscalizar cada movimiento está superada. No vamos a perseguir a nadie que adhiera, pero si siguen en la lógica de la desconfianza, que se hagan cargo de las consecuencias”.
Además, defendió la reunión con las provincias como “muy positiva” y subrayó que varios gobernadores mostraron interés en el nuevo esquema. “Muchos entienden que el ahorro genuino puede transformarse en inversión, empleo y bienestar. No hay que seguir viendo al contribuyente como un enemigo”, señaló.
Desde ARCA remarcaron que “el régimen respeta la libertad de cada argentino para disponer de su dinero como desee”, y plantearon que el Gobierno “avanza hacia un nuevo paradigma donde los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
La respuesta de la Provincia
Desde el gobierno de Buenos Aires, el encargado de responder fue el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. El funcionario consideró que los anuncios “carecen de claridad jurídica” y sostuvo que la agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización vigentes.
“No hubo cambios concretos en términos normativos. Lo que vemos es más una estrategia de marketing político que una política tributaria seria. No vamos a renunciar a nuestros instrumentos por una promesa sin respaldo legal”, aseguró Girard.
Además, cuestionó el momento elegido por la Casa Rosada para lanzar el plan. “Parece un manotazo de ahogado en medio de la falta de reservas y la caída de la liquidación de la cosecha gruesa”, disparó el funcionario.
