La Casa Blanca criticó la decisión judicial que bloqueó los aranceles recíprocos impuestos por el expresidente Donald Trump. La administración sostuvo que el fallo judicial interfiere con el poder del Ejecutivo para manejar una emergencia nacional. Kush Desai, portavoz del gobierno, declaró que “no les corresponde a jueces no electos decidir cómo enfrentar una emergencia nacional”.
Fallo judicial limita el poder presidencial
El Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan determinó que Trump no justificó de forma adecuada el uso de poderes especiales para imponer los aranceles. El tribunal explicó que la Constitución otorga al Congreso la facultad exclusiva para regular el comercio internacional, competencia que no puede ser reemplazada por el presidente, ni siquiera bajo una declaración de emergencia.
Para aplicar los aranceles, Trump invocó la Ley de Facultades Económicas en Emergencias Internacionales (IEEPA), alegando que el déficit comercial y la amenaza del ingreso de drogas justificaban la medida. En abril anunció tarifas del 10% sobre la mayoría de productos importados, con aranceles más altos para China y la Unión Europea. Luego suspendió algunas tarifas mientras se negociaba con distintos países.
Casa Blanca defiende la estrategia y anticipa apelación
Desde el Departamento de Justicia, la defensa apuntó a que el poder judicial tiene una autoridad limitada sobre decisiones de este tipo del Ejecutivo. La administración también citó como antecedente las medidas arancelarias de Richard Nixon en 1971.
Un funcionario del gobierno, bajo condición de anonimato, indicó que “solo el Congreso, y no los tribunales, puede decidir si la justificación del presidente cumple la ley”. Añadió que el presidente actuó dentro del marco legal de la IEEPA y que preparan una apelación para revertir el fallo.
La demanda que originó la medida fue presentada por el Liberty Justice Center, en representación de cinco pequeñas empresas afectadas. Los demandantes cuestionaron el uso de la IEEPA para imponer tarifas y dijeron que el déficit comercial no representa una amenaza “inusual y extraordinaria”.
El tribunal otorgó a la Casa Blanca diez días para suspender los aranceles, aunque el gobierno planea apelar. Esta resolución es el primer revés judicial importante contra la política arancelaria de Trump.
La polémica también se reflejó en las redes sociales, donde Stephen Miller, asesor cercano a Trump, calificó la sentencia como “un golpe judicial fuera de control”. Desde la Casa Blanca reiteraron que Trump se comprometió a “poner a Estados Unidos primero” y que usarán todas las herramientas disponibles para enfrentar la crisis comercial y recuperar la grandeza del país.
La disputa legal entre Ejecutivo y Poder Judicial abre un debate sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y el papel del Congreso para regular el comercio internacional. La resolución definitiva podría sentar un precedente para futuras políticas arancelarias y el uso de poderes de emergencia.
Este caso pone en evidencia la tensión entre la administración Donald Trump y los tribunales, y plantea cómo la Casa Blanca busca mantener la capacidad de imponer aranceles pese al control judicial. La apelación y los próximos pasos legales definirán si el presidente sigue contando con estas facultades o si deben pasar por el Congreso.
