La CGT confirmó que recurrirá a la Justicia para frenar el decreto de Javier Milei que, según denuncian, limita el derecho a huelga. El Gobierno amplió los servicios esenciales e impuso una prestación mínima del 50% al 75% durante paros. La central obrera calificó la medida como una “provocación” y una “violación a la Constitución”.
La CGT rechazó la reforma oficial y prepara una ofensiva judicial
“No vamos a quedarnos en silencio frente a esta grave avanzada”, aseguró la CGT en un comunicado. Juan Pablo Brey, secretario general del gremio de los aeronavegantes, advirtió que el nuevo DNU “viola la autonomía sindical y el derecho de huelga”. Dijo que la norma contradice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la OIT.
La próxima semana habrá un plenario de la CATT, que reúne a los gremios del transporte. Allí definirán un plan de acción. La medida afecta especialmente a trabajadores marítimos, aeronáuticos y aduaneros. Todos ellos deberán garantizar servicios mínimos aunque haya huelga.
“Es una barbaridad más de un gobierno autoritario que impone todo por decreto”, insistió Brey. También criticó otras decisiones como la desregulación de la Marina Mercante, el cierre de Vialidad y los cambios en el Código Aeronáutico.
Gremios acusan al Gobierno de avanzar contra derechos laborales
Daniel Yofra, de la Federación de Trabajadores Aceiteros, fue tajante. Afirmó que el decreto busca frenar la lucha obrera. “Nuestros derechos se conquistaron gracias a las huelgas”, dijo. Recordó paros de 25 días en 2015 y de 22 días en 2024, que permitieron mejoras salariales.
Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, mencionó que ya hubo un fallo judicial que bloqueó el DNU 70/23. “Vamos a hacer una nueva presentación. Es insólito que el Gobierno insista con lo que ya fue rechazado”, expresó.
Mario “Paco” Manrique, de Smata, propuso una respuesta firme. “Si el Gobierno prohíbe la huelga, la respuesta debe ser una huelga”, planteó. Pidió unidad del movimiento obrero y llamó a redoblar la apuesta.
El nuevo decreto declaró como servicios esenciales a la educación inicial, primaria y secundaria. También incluyó la aeronáutica, los puertos, la aduana, el transporte marítimo y el suministro de combustibles. Además, exige que sectores como la industria, bancos y exportaciones mantengan al menos el 50% de su actividad.
Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, denunció una “entrega de soberanía”. Cuestionó que buques extranjeros puedan operar sin límites en aguas argentinas. “Vamos a movilizarnos porque está en juego el futuro de la industria naval”, advirtió.La CGT ratificó que irá a la Justicia para evitar que el decreto de Javier Milei avance. Y reafirmó que el derecho a huelga está protegido por la Constitución y tratados internacionales firmados por Argentina.
