La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este viernes al presidente Donald Trump en su objetivo de suspender el programa de libertad condicional humanitaria que permitía a medio millón de inmigrantes residir y trabajar legalmente en el país. La decisión representa un aval judicial para profundizar la agenda migratoria restrictiva del republicano, en pleno año electoral.
El beneficio —creado durante la administración de Joe Biden— había sido aplicado a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes accedían a permisos de permanencia temporaria por razones humanitarias. Con el nuevo fallo, el programa queda suspendido y las personas bajo esa condición podrán ser deportadas o perder su estatus migratorio.
Segundo fallo a favor de Trump en un mes
Se trata de la segunda vez en mayo que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. se pronuncia a favor de las iniciativas migratorias impulsadas por Trump. Semanas atrás, el tribunal había aprobado otra medida que revocaba un permiso temporal para cientos de miles de venezolanos, también impulsado durante el gobierno de Biden.
En ambos casos, la línea argumental del presidente republicano es clara: endurecer los controles fronterizos, limitar los beneficios temporales y acelerar las deportaciones. Las decisiones cuentan con el respaldo de los magistrados designados durante su mandato, lo que refuerza su influencia institucional incluso fuera del poder ejecutivo.
Deportaciones a terceros países: el caso Sudán del Sur
En paralelo, el Gobierno de Trump elevó una nueva disputa judicial ante la Corte Suprema. Esta vez, con el objetivo de revertir la decisión del juez Brian Murphy, quien bloqueó temporalmente la deportación de ocho hombres a Sudán del Sur, país al que EE.UU. considera de alto riesgo humanitario y político.
La orden judicial se activó tras detectarse irregularidades en el proceso: según el juez Murphy, los migrantes fueron notificados del cambio de destino con menos de 16 horas de anticipación, sin tiempo suficiente para comunicarse con sus abogados o familiares.
Críticas judiciales por arbitrariedad y falta de garantías
Murphy cuestionó con dureza los mecanismos empleados: “Es difícil tomar en serio la idea de que los demandados pretendían que estos individuos tuvieran alguna oportunidad real de hacer una reclamación válida”, sostuvo en su resolución. También acusó al Gobierno de estar “fabricando” casos contra inmigrantes para justificar sus traslados forzados.
La medida no exigía que los migrantes fueran devueltos a EE.UU., pero sugería que las audiencias pudieran realizarse en Yibuti, bajo supervisión de autoridades estadounidenses. La propuesta generó un fuerte rechazo por parte del Departamento de Justicia, que la calificó de “injerencia en la diplomacia migratoria del Ejecutivo”.
Argumentos de la Casa Blanca: seguridad y urgencia
El procurador general del Gobierno, D. John Sauer, presentó una apelación de emergencia en la que defendió el plan de deportación. Alegó que “los extranjeros más difíciles de expulsar suelen ser aquellos que más merecen ser expulsados”. Y sostuvo que el fallo del tribunal solo genera demoras innecesarias.
“El proceso inventado por el tribunal ofrece poco más que un retraso. Ciertos extranjeros pueden beneficiarse, pero la nación no”, sentenció Sauer en su nota a la Corte Suprema. Además, denunció que la orden judicial obligaría a retener a los deportados en instalaciones militares. O, en su defecto, devolverlos al territorio estadounidense, lo que el Gobierno considera inviable.
Una política en expansión, bajo críticas internacionales
Estas resoluciones se suman a una serie de medidas de deportación masiva que la administración Trump viene ejecutando desde principios de año. Con preocupación creciente entre organismos internacionales de derechos humanos, especialmente por las condiciones de confinamiento y la falta de acceso a defensa legal adecuada.
Distintas ONG denuncian que los traslados a terceros países —sin notificación ni garantías procesales— colocan a los migrantes en riesgo de persecución, violencia o detención arbitraria, en lugares donde ni siquiera existen tratados de cooperación activa con Estados Unidos.
