La Corte Suprema de Justicia designó este lunes a dos conjueces para intervenir en la causa por lavado de dinero que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez, tras no alcanzar una mayoría de criterios entre sus miembros actuales. La resolución incluye a Mariano Lozano, de la Cámara de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, mientras que quedaron como suplentes Jorge Di Lorenzo (Cámara Federal de La Plata) y Guillermo Antelo (Cámara Civil y Comercial Federal).
El expediente, que reúne los recursos presentados contra las condenas dictadas en la llamada causa “La Rosadita”, se encuentra estancado debido a las diferencias internas entre los jueces supremos. Según trascendidos, Carlos Rosenkrantz impulsaría la revisión de las sentencias, mientras que sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti se mostrarían reacios a esa posibilidad. Ante este escenario, el máximo tribunal activó el sorteo de conjueces, una herramienta prevista para avanzar cuando no hay quórum mayoritario.
Las condenas en juego
El fallo del Tribunal Oral Federal N° 4 incluyó penas de entre 2 años y medio y 10 años de prisión para Lázaro Báez y otros 15 implicados, entre ellos sus hijos y exsocios. Las principales condenas fueron:
- Lázaro Báez, 10 años de prisión;
- Martín Báez, 6 años y medio;
- Fabián Rossi, 4 años y medio;
- Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, 6 años;
- Federico Elaskar y Leandro Báez, 3 años de cumplimiento condicional.
Todas las sentencias fueron apeladas ante la Corte Suprema, que ahora deberá decidir si rechaza los recursos mediante el artículo 280 del Código Procesal —lo que implicaría dejar firmes las condenas— o si ingresa al análisis de los planteos de fondo.
La ruta del dinero y su conexión con Vialidad
El expediente judicial analiza una maniobra de lavado de activos a través de Austral Construcciones, con operaciones de expatriación de más de 54 millones de dólares, que habrían sido reingresados al país mediante bonos argentinos. La mayoría del tribunal de primera instancia consideró que esos fondos provenían de evasión fiscal, mientras que la minoría sostuvo que eran producto del direccionamiento de contratos de obra pública, vínculo que conecta el caso con la causa Vialidad.
Justamente, en esa otra causa, condenaron a Báez junto a la expresidenta Cristina Kirchner, quien recibió una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Una decisión con impacto político
La resolución que finalmente adopte la Corte Suprema —ya con la participación de los conjueces— podría dejar firmes las condenas o generar un vuelco en una de las causas más emblemáticas de corrupción vinculadas al kirchnerismo. La causa “La Rosadita” fue central en los años posteriores a la difusión de los videos en los que se veía a los implicados contando millones en efectivo dentro de una financiera en Puerto Madero.
Mientras tanto, los nuevos magistrados designados deberán evaluar el expediente y definir su voto en una causa clave tanto por su impacto judicial como político.
