La Corte Suprema de Justicia enfrentó una nueva parálisis institucional en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años: el caso conocido como «Ruta del Dinero K», que condenó a Lázaro Báez por el lavado de más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Por falta de unanimidad, los jueces resolvieron convocar a dos conjueces para destrabar la sentencia. El sorteo será el próximo 19 de mayo a las 11.
La fractura dentro del máximo tribunal se dio ante una diferencia técnica. Mientras Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti votaron por dictar sentencia sin demoras, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz pidió consultar a la Procuración General sobre la posible aplicación de la ley penal más benigna. La falta de consenso impide cerrar el fallo y reaviva las tensiones internas de la Corte.
Una trama de blanqueo millonario que involucra al Estado
La condena contra Báez había sido dictada por el Tribunal Oral Federal 4 en 2021, y luego ratificada por la Cámara de Casación Penal en 2022. En ese fallo, se redujo la pena de 12 a 10 años, mientras que las condenas de sus hijos Martín y Leandro también fueron rebajadas. Luciana y Melina Báez resultaron absueltas.
El eje de la acusación gira en torno a la utilización de Austral Construcciones, empresa emblema del empresario patagónico y beneficiaria de más de 50 licitaciones viales durante el kirchnerismo. Según el fallo, esa firma fue utilizada para montar un complejo circuito de lavado que incluyó transferencias internacionales, operaciones bursátiles simuladas y el uso de sociedades pantalla.
La Corte vuelve a exhibir fisuras internas
Según fuentes judiciales, la discrepancia no radica en el fondo de la condena, sino en el procedimiento para resolver. Rosenkrantz sostiene que el caso requiere la opinión del procurador Eduardo Casal, debido al cambio de legislación en materia de autolavado. En cambio, Rosatti y Lorenzetti consideran que la Corte ya está en condiciones de emitir un fallo.
Esta división dejó en suspenso la resolución definitiva sobre una causa emblemática de corrupción, en la que se analiza no solo la maniobra financiera, sino también las garantías constitucionales durante el proceso.
Ante esta situación, se resolvió activar el mecanismo previsto por la ley: se sortearán dos conjueces entre los presidentes de las Cámaras Federales, excluyendo a los magistrados que ya intervinieron en instancias previas. Con esta decisión, el caso suma una demora adicional que posterga la definición sobre si la sentencia queda firme o no.
El circuito del lavado y el rol de la “Rosadita”
El fallo de Casación dejó firme el decomiso de Austral Construcciones, Top Air y activos por más de 390 millones de dólares. Los jueces describieron un esquema de expatriación de fondos a través de bancos suizos, su posterior repatriación mediante bonos públicos, y la simulación de inversiones millonarias por parte de una empresa fiduciaria extranjera. Toda la operación, según concluyó la Justicia, estuvo bajo el control directo de Báez.
Uno de los capítulos más conocidos del expediente está ligado a la financiera SGI, más conocida como «La Rosadita». Allí se filmaron a Martín Báez y otros implicados contando millones de dólares en efectivo. Esa secuencia fue central para probar cómo funcionaba el mecanismo de blanqueo.
Una estructura internacional para lavar dinero del Estado
El tribunal penal determinó que los fondos provenían de contratos irregulares de obra pública. A través de un sofisticado sistema de compensaciones y sociedades offshore, se disimuló el origen ilícito del dinero y se reintegró al circuito legal.
El dinero era transferido al exterior, ingresaba a cuentas de sociedades vinculadas a Báez y luego regresaba como supuestas inversiones extranjeras. Se comprobó que el beneficiario final siempre fue el empresario patagónico, que se valió de testaferros y estructuras jurídicas para ocultar la maniobra.
La definición de este caso tiene impacto más allá de lo judicial. Báez no es solo un empresario condenado por lavado de dinero: fue socio comercial y beneficiario directo de los gobiernos kirchneristas. Y su causa está estrechamente ligada a la ya firme condena de Cristina Kirchner por fraude en la obra pública.
