La Corte Suprema de Justicia confirmó este miércoles la condena contra Lázaro Báez por lavado de dinero en la conocida Ruta del Dinero K, el caso que lo involucra directamente con el desvío de fondos públicos a través de la obra vial. El empresario ligado al kirchnerismo fue hallado culpable de lavar casi 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 utilizando Austral Construcciones, firma que obtuvo más de 50 licitaciones estatales plagadas de irregularidades.
La resolución del máximo tribunal dejó firme una sentencia que había sido reducida por la Cámara de Casación de 12 a 10 años de prisión. Para emitir el fallo, la Corte convocó a dos conjueces por las recusaciones previas, y se impuso una mayoría compuesta por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Mariano Lozano y Luis Ramón González. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y solicitó que el caso pasara por la Procuración General de la Nación.
La estructura de lavado detrás de Austral Construcciones
El fallo dejó en evidencia un mecanismo complejo de expatriación y repatriación de capitales que permitió a Báez y sus allegados reconvertir dinero público en activos privados, con la apariencia de legalidad. Las maniobras incluyeron transacciones internacionales, uso de sociedades pantalla, compra de bonos y simulación de inversiones fiduciarias extranjeras.
Según determinó la Justicia, entre 2004 y 2015 el patrimonio de Báez creció un 12.127 %, mientras que Austral Construcciones incrementó su capital en un 45.313 %. Durante el período investigado, se detectó la adquisición de más de 1.400 propiedades por un valor estimado en 205 millones de dólares.
La condena también alcanzó a sus hijos varones
Además de Báez, la sentencia afectó a varios miembros de su familia. Martín Báez, inicialmente condenado a nueve años, terminó con una pena de seis años y medio. Leandro Báez pasó de cinco a tres años de prisión. En cambio, Luciana y Melina Báez fueron finalmente absueltas.
En todos los casos, la Corte ratificó el decomiso de bienes por más de 330 millones de dólares, incluyendo las firmas Austral Construcciones y Top Air, utilizadas como instrumentos para lavar el dinero desviado de la obra pública.
Cristina Kirchner, afuera del juicio pero aún imputada
La expresidenta Cristina Kirchner no formó parte del juicio que derivó en la condena a Báez, pero su situación procesal sigue vigente. Aunque el juez Sebastián Casanello y la fiscalía habían dictado su sobreseimiento, una ONG logró revertir esa decisión al constituirse como querellante. La investigación se encuentra en etapa de instrucción.
La Corte, en otra resolución sin disidencias, rechazó los recursos presentados por la defensa de la exmandataria contra la reapertura de la causa y las actuaciones de los jueces intervinientes, por considerar que no se trataba de una sentencia definitiva.
La «Rosadita» y el circuito del blanqueo millonario
Uno de los elementos centrales de la investigación fue la financiera SGI, más conocida como «La Rosadita», donde se registraron las famosas imágenes de Martín Báez y otros socios contando millones en efectivo. Según la sentencia, allí comenzó el circuito de lavado: el dinero se depositaba en bancos internacionales con bajos controles fiscales a nombre de sociedades extranjeras, para luego reintroducirse en el país mediante la compra de bonos.
El destino final era siempre el mismo: Austral Construcciones. La operación se disfrazaba como una inversión multimillonaria de una firma fiduciaria suiza que adquiría acciones de la empresa, simulando una legalidad que el fallo ahora desmantela.
Un engranaje esencial de corrupción K
El fallo de la Corte reafirma lo que ya había quedado expuesto durante el juicio: Báez fue el eslabón clave de una red que convirtió fondos públicos en dinero negro a través de una ingeniería financiera diseñada para eludir los controles fiscales. Todo esto se dio en el contexto de una relación directa y fluida con el poder político de entonces.
La confirmación de la condena representa un nuevo golpe judicial para el universo kirchnerista, en momentos en que otras causas relevantes también se encuentran bajo análisis del máximo tribunal.
