El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó este jueves un dictamen ante la Corte Suprema en el que solicitó elevar la pena a Cristina Kirchner a 12 años de prisión, reintroduciendo el delito de asociación ilícita en el caso Vialidad, por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. El planteo también incluye el decomiso de más de $5.321 millones y la revocación de las absoluciones de Julio De Vido y otros exfuncionarios.
El texto, de 13 páginas, fue remitido al máximo tribunal, que ya se encuentra en condiciones de fallar. De avanzar en esa línea, el impacto político sería inmediato: la expresidenta se enfrenta no solo a una eventual inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino también a una sentencia que complicaría su futuro electoral. Según trascendió de fuentes judiciales, el dictamen de Casal coincide con la postura del fiscal Mario Villar, quien ya había apelado el fallo anterior de la Cámara de Casación Penal.
El detalle del pedido de Casal
La actual condena contra Kirchner es de seis años de prisión por administración fraudulenta, sin condena por asociación ilícita. Esa decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 en 2022 y ratificada por Casación en 2023, aunque con disidencias. En el nuevo dictamen, Casal señala que el fallo de Casación omitió responder los argumentos de la fiscalía sobre la permanencia del plan delictivo a lo largo de doce años y tres gobiernos consecutivos, y criticó que se consideraran como un único delito las 51 licitaciones cuestionadas.
Además, el Procurador sostuvo que De Vido no fue un funcionario neutral, sino uno de los artífices del entramado: “Adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección”, escribió Casal. En consecuencia, pidió revertir la absolución del exministro de Planificación, junto con las de Abel Fatala y Héctor Garro, ambos exfuncionarios vinculados al caso.
Una cifra millonaria y un trasfondo electoral
Uno de los aspectos más relevantes del dictamen es el monto del decomiso, que asciende a $5.321.049.272,42. Una actualización del cálculo original que, según Casal, Casación ignoró sin justificación técnica. El valor representa el perjuicio estimado al Estado por la asignación fraudulenta de contratos viales a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.
La Corte Suprema debe ahora definir si avala el pedido de la Procuración, en un escenario especialmente sensible: Kirchner aparece como posible candidata en el tramo final del calendario electoral y la definición judicial podría impactar directamente en su futuro político. Si se confirma la condena, quedaría inhabilitada para competir, a menos que recurra a instancias internacionales.
La defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, ya presentó su descargo ante la Corte. Reclamó la nulidad del proceso, denunció violaciones de garantías constitucionales y recusó al juez Ricardo Lorenzetti.
Si bien la sentencia de primera instancia absolvió a Cristina Kirchner por asociación ilícita, varios magistrados, fiscales y ahora Casal, insisten en que sí existió una organización criminal estable que operó desde el Estado para direccionar fondos públicos.
Con el dictamen presentado, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti deberán ahora definir si confirman la condena, si la agravan o si dan lugar al pedido de la defensa. No hay fecha definida para la resolución, pero en los tribunales de Comodoro Py descuentan que la decisión llegará antes de agosto, cuando cierre el calendario de alianzas electorales.
