La causa Vialidad vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial y política del país. Aunque el expediente no registra movimientos desde mediados de abril, la Corte Suprema ya está en condiciones de activar el análisis de los recursos que podrían dejar firme la condena contra Cristina Kirchner. La expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y espera que el tribunal se pronuncie antes del cierre de listas para las elecciones legislativas.
Desde el 16 de abril, la causa permanece estática en la Secretaría Penal del tribunal, pese a que los planteos de queja ingresaron hace más de un mes. El primero fue el del fiscal Mario Villar, quien solicitó a la Corte que amplíe la condena de Cristina a doce años, al sumar el delito de asociación ilícita. Ese planteo fue remitido a la Procuración General, a cargo del interino Eduardo Casal, pero el resto de los recursos todavía no comenzaron a circular entre los jueces supremos.
Impacto judicial y político: el reloj corre para la Corte
La decisión de la Corte podría marcar un punto de inflexión en la carrera política de la exmandataria. Si el tribunal rechaza los recursos antes de agosto, la sentencia quedará firme, activando la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y cerrando la puerta a una eventual candidatura en las elecciones legislativas. Si, en cambio, la Corte demora su pronunciamiento, Kirchner podría anotarse como candidata a diputada y así acceder a fueros parlamentarios que frenarían cualquier posibilidad de arresto.
El tribunal no está obligado a esperar el dictamen de la Procuración para avanzar con el resto de los recursos. Sin embargo, algunas voces dentro del Palacio de Justicia señalan que, por una cuestión de congruencia procesal, sería conveniente remitir todos los planteos para que Casal se expida. Para eso, se necesitan al menos dos firmas entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Recursos pendientes y estrategias en juego
Actualmente, la Corte tiene 17 recursos de queja pendientes, entre ellos el de la propia Cristina y los de otros condenados como Lázaro Báez, José López, Raúl Pavesi y Julio De Vido. Todos buscan impugnar la sentencia de la Cámara de Casación, que en noviembre pasado confirmó las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal N°2. De manera inédita, el fallo de Casación se extendió por más de 1.500 páginas.
El fiscal Villar, en su escrito de 10 páginas, también cuestionó las absoluciones dispuestas por Casación sobre figuras clave del kirchnerismo. Sostuvo que no se justificó la decisión de desligar a De Vido, López, Báez y otros funcionarios del delito de asociación ilícita. La presentación retoma la línea acusatoria de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante el juicio oral.
Una definición que excede lo judicial
La Corte tiene antecedentes en este tipo de definiciones. En el caso Ciccone, por ejemplo, el tribunal rechazó los recursos sin abrir el expediente a revisión, lo que dejó firme la condena contra Amado Boudou. La diferencia con Vialidad radica en el peso político de la figura condenada y la proximidad del calendario electoral.
La causa tiene lo que se denomina «doble conforme», es decir, con dos instancias: el tribunal oral y la Cámara de Casación. Por esa razón, en la mayoría de los casos, la Corte no interviene y se limita a dejar firme la sentencia. Pero en este caso, el trasfondo político podría inclinar la balanza hacia una revisión más detallada, algo que aún no ocurrió.
Mientras tanto, en los pasillos judiciales crece la expectativa por la decisión de Rosatti, presidente del máximo tribunal, que tiene la facultad de incluir el expediente en alguno de los próximos acuerdos del cuerpo. Hasta el momento, no lo ha hecho.
