En medio del avance legislativo del proyecto impulsado por el Gobierno para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la Iglesia Católica alzó su voz con una posición firme y crítica. Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, advirtió que el encierro de menores no resuelve el conflicto de fondo y pidió al Poder Ejecutivo abrir el debate a un abordaje más profundo y multisectorial.
«Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz», afirmó Braida, en declaraciones citadas por la agencia NA y que apuntan directamente a la estrategia del gobierno de Javier Milei y de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Para el obispo, la propuesta del oficialismo carece de perspectiva integral y se enfoca únicamente en una solución punitiva, sin considerar las condiciones sociales que empujan a los adolescentes al delito.
Las palabras del religioso se dan en un contexto donde el oficialismo intenta conseguir dictamen favorable en la Cámara de Diputados gracias al respaldo de bloques aliados como la UCR, el PRO y el MID. Aunque en un primer momento se había planteado bajar la edad a 13 años, el texto final propone los 14. Aún así, la Iglesia insiste en que la solución debe ir por otro camino.
La Iglesia Católica cuestionó el sistema penitenciario de la Argentina
«Lo que necesitan estos chicos son oportunidades», sentenció Braida, quien también cuestionó las condiciones del sistema penitenciario. Según el obispo, lejos de ser un espacio de contención, las cárceles suelen agravar los problemas de quienes entran en ellas, especialmente en el caso de los menores. «Muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas», remarcó.
Otro de los puntos señalados por la Iglesia es la falta de infraestructura adecuada para aplicar una medida como la baja de imputabilidad. Braida coincidió con legisladores que alertan sobre la inexistencia de centros preparados para alojar a adolescentes en conflicto con la ley, y sobre la ausencia de partidas presupuestarias específicas en el proyecto.
En un tono directo, el obispo riojano pidió al Gobierno nacional que habilite una discusión más abierta. «Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas», reclamó, al tiempo que subrayó que la posición de la Iglesia no es aislada, sino compartida por múltiples organizaciones sociales.
Braida cerró su mensaje advirtiendo sobre el riesgo de aplicar decisiones «apresuradas» frente a una problemática tan compleja como la delincuencia juvenil. «Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir», sostuvo, dejando en claro que la Iglesia se prepara para dar batalla frente a una de las políticas más controversiales del gobierno de Milei.
