Un nuevo operativo represivo frente al Congreso volvió a encender las alarmas. Esta vez, el saldo fue de al menos 82 personas heridas y cuatro detenidas, tras una marcha de jubilados que reclamaban por la mejora de sus haberes y la restitución de medicamentos gratuitos. La protesta, que se repite cada miércoles, fue nuevamente desarticulada con violencia por las fuerzas de seguridad que conduce la ministra Patricia Bullrich.
Los incidentes comenzaron alrededor de las 15.00 con un despliegue que incluyó a la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De acuerdo a datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la mayoría de los heridos presentaban quemaduras faciales por gases lacrimógenos, y una persona fue hospitalizada por un corte en la cabeza provocado por un golpe de un agente. También resultó agredido Guillermo Lorusso, sobreviviente del centro clandestino «El Vesubio».
La represión alcanzó a periodistas que cubrían la protesta. Los reporteros Pablo Corso y Diego Pérez Mendoza de LN+ resultaron heridos, y Lula Álvarez, de El Destape, fue gaseada y golpeada con una tonfa. Los fotógrafos Javier Iglesias y Tomás Cuesta (de AFP) fueron detenidos; Cuesta fue liberado horas más tarde. También fue detenida otra persona identificada como Leandro Nahuel Cruzado, mientras que la reportera gráfica Mariana Nedelcu denunció que su cámara fue destruida por agentes de seguridad.
«Prefieren gastar mucha plata en estos operativos carísimos en vez de sentarse con el sector que está siendo golpeado a ver cómo pueden ayudar», cuestionó la diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, que acompañó la manifestación y luego agregó: «Miércoles tras miércoles son golpeados y gaseados por la fuerza de la ministra Bullrich, que hace un circo mediático porque no te pueden dar respuesta de otra forma».
El director de la CPM, Roberto Cipriano García, trazó un panorama de la violencia sistemática: «El miércoles pasado fueron 100 personas heridas y una semana antes 58. La justicia que no investiga, sectores importantes de la política que no se quieren meter con estos temas y los medios empresariales que son condescendientes con el gobierno generan las condiciones para la reproducción de violencias que degradan nuestro sistema democrático».
La Iglesia Católica argentina pidió un freno a la represión a los jubilados
Antes del operativo represivo, se realizó una misa ecuménica frente al Congreso, donde curas y pastores de diversas iglesias denunciaron el accionar violento del gobierno. El pastor Leonardo Schindler, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, también repudió la represión. “No solamente se ajusta brutalmente a los jubilados con la quita de medicamentos y tratamientos, sino que cada miércoles se los golpea. Todo esto es contrario al propósito de Dios y a la dignidad de nuestros mayores”, afirmó. Y remarcó: “Algunos sectores evangélicos apoyan este gobierno, pero hay muchos que no lo estamos haciendo. Lo estamos rechazando”.
