El nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) generó alarma en sectores políticos y de derechos civiles. Según reveló este domingo el diario LN+, el documento secreto de 170 páginas habilita el espionaje interno sobre personas que, a criterio del organismo, busquen “erosionar la confianza pública” en el Gobierno.
Bajo este paraguas, el organismo que comanda Sergio Neiffert —bajo la órbita de Santiago Caputo— podrá recolectar información sobre periodistas, economistas, académicos y ciudadanos que cuestionen las medidas de Javier Milei o propaguen discursos críticos en medios y redes sociales.
Espionaje por opinión pública y desinformación
El plan identifica como amenazas a quienes “manipulen la opinión pública”, generen “pérdida de confianza” en la gestión económica, o incidan en los procesos electorales a través de campañas de desinformación. También menciona como posibles blancos de seguimiento a quienes afecten “los procesos cognitivos de la población”, en especial mediante el uso de inteligencia artificial.
Aunque algunas de estas atribuciones ya formaban parte de los planes anteriores, lo novedoso es el enfoque explícito sobre la crítica política y mediática como potencial amenaza a la estabilidad institucional. Desde el oficialismo aún no emitieron comentarios sobre los alcances del documento.
En redes sociales, la discusión sobre los videos apócrifos de figuras como Mauricio Macri y Silvia Lospennato durante las elecciones porteñas volvió a surgir, al interpretarse que el Gobierno podría usar esta herramienta para justificar un control más amplio del discurso público digital.
Más fondos, más discrecionalidad
A principios de mayo, el Ejecutivo sumó $25.000 millones al presupuesto de la SIDE. De ese monto, $8.000 millones están asignados a gastos reservados, es decir, fondos que pueden utilizarse sin rendición ante el Congreso. Esta modalidad, de larga data en los organismos de inteligencia, volvió a generar críticas por su opacidad y falta de control parlamentario.
En 2024 ya se había producido una transferencia polémica de $100.000 millones con el mismo mecanismo. Ahora, con la ampliación reciente, la SIDE vuelve a ubicarse como uno de los sectores más beneficiados dentro del esquema de poder centralizado en torno a la figura del Presidente y sus asesores de máxima confianza.
Un plan con antecedentes, pero más foco en el discurso
El PIN también incluye objetivos más tradicionales del aparato de inteligencia, como el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la defensa del Atlántico Sur y la Antártida. Sin embargo, el énfasis en el control de la narrativa pública y los discursos críticos plantea interrogantes sobre los límites entre seguridad nacional y libertad de expresión.
En un contexto de creciente polarización y vigilancia sobre la prensa, la aprobación de este plan reactiva un debate pendiente en la Argentina: ¿puede el Estado controlar la opinión pública en nombre de la estabilidad?
