El Gobierno nacional se enfrenta a un dilema institucional que no logra destrabar: la necesidad de cubrir tres cargos fundamentales en el sistema judicial —dos vacantes en la Corte Suprema y la jefatura de la Procuración General de la Nación—, que dependen de una ecuación política dominada por el kirchnerismo. Desde la Casa Rosada reconocen que sin los 33 votos que Cristina Kirchner controla en el Senado, cualquier intento de designación será estéril.
La derrota parlamentaria del pasado 5 de abril, cuando el Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, forzó al oficialismo a repensar su estrategia. Los dos postulantes propuestos por Javier Milei para completar la Corte Suprema no lograron la mayoría especial requerida y la situación judicial volvió a foja cero. Desde entonces, el máximo tribunal volvió a operar con solo tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
En el entorno presidencial ya se descarta una nueva postulación de los candidatos rechazados. Según indicaron fuentes oficiales, se comenzó a barajar una lista alternativa de nombres. Entre ellos, uno pertenece actualmente al Poder Judicial y otro sería una mujer, un dato que suma atractivo político a la propuesta, aunque todavía no hay confirmaciones.
La mesa chica que define la estrategia
La decisión final recae, como es habitual, en la mesa política más restringida del Gobierno. El asesor presidencial Santiago Caputo lidera ese espacio junto a Karina Milei. Ambos evalúan los perfiles propuestos y analizan su viabilidad parlamentaria. Sin embargo, cualquier movimiento está condicionado por un límite infranqueable: los 33 senadores afines a la expresidenta.
«La señora tiene 33», repiten en Casa Rosada como una consigna realista que marca el terreno. Esos votos son determinantes: cualquier intento de cubrir cargos en la Corte sin el aval del kirchnerismo está destinado al fracaso. Por ahora, no hay acuerdo posible.
Procuración General: el otro sillón trabado
El tercer puesto que el Gobierno pretende ocupar es el de Procurador General de la Nación. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017, ese lugar es ocupado de forma interina por Eduardo Casal. Aunque el oficialismo considera que la Procuración también requiere una definición política, admite que su urgencia es menor en comparación con los lugares vacantes en la Corte Suprema.
En este caso, el Ejecutivo tanteó a dos figuras de peso: el camarista Mariano Borinsky y el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques. Ambos fueron descartados rápidamente ante la negativa anticipada del bloque kirchnerista en el Senado. «No tienen chances, el kirchnerismo no va a habilitar ninguno de esos nombres», señaló una fuente del Ministerio de Justicia.
Funcionamiento con tres miembros y presión institucional
Desde el 7 de abril, la Corte opera con solo tres jueces, lo que, según algunas voces del Gobierno, limita su capacidad institucional. Sin embargo, en el propio tribunal señalan que la tarea continúa con normalidad. “Desde esa fecha ya resolvimos más de 1.400 causas”, advierten en los pasillos del Palacio de Tribunales, para desmentir cualquier riesgo de parálisis.
No obstante, en Balcarce 50 insisten en que dejar el máximo tribunal incompleto no es una opción válida. La decisión de avanzar con nuevos pliegos ya está tomada, pero todo dependerá del ajedrez legislativo y del margen que los acuerdos políticos le otorguen al oficialismo en un Senado donde no tiene mayoría.
Una disputa institucional sin resolver
El conflicto por la cobertura de cargos clave en la Justicia vuelve a poner de manifiesto los límites de la estrategia libertaria en un Congreso sin mayoría propia. Milei insiste en avanzar con su agenda institucional, pero choca una y otra vez con un Senado dominado por el bloque de Kirchner, que se erige como el actor imprescindible para cualquier consenso.
Mientras tanto, las tensiones entre oficialismo y oposición condicionan el funcionamiento del sistema judicial. La posibilidad de destrabar este conflicto antes de fin de año dependerá de la voluntad política de ambos espacios, aunque en el Gobierno no descartan insistir con nuevas propuestas si se visualiza una rendija de negociación.
