En medio de una creciente crisis institucional en la Auditoría General de la Nación (AGN), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presentó un proyecto de ley que podría cambiar radicalmente el reparto de poder en uno de los organismos clave para el control del gasto público. La propuesta, que ya generó revuelo en el Senado, busca ampliar la representación de Diputados en la AGN de tres a cuatro auditores y reducir a solo dos los cupos que actualmente corresponden a la Cámara Alta.
El proyecto fue firmado por Menem junto a referentes libertarios como Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Bertie Benegas Lynch, Nadia Márquez y Santiago Santurio. La iniciativa, informó la agencia de noticias NA, no solo pretende reorganizar la forma en que se nombran los auditores, sino también auditar nuevos sectores del Estado, incluyendo al Poder Judicial, a las Universidades Nacionales y al recientemente creado Arca, el organismo encargado del manejo de bienes públicos.
En la actualidad, tanto Diputados como el Senado designan a tres auditores cada uno, en base a la representación política de sus bancadas. Sin embargo, Menem propone modificar ese equilibrio. Según el proyecto, “la Cámara de Diputados elegirá tres (3) auditores auxiliares en proporción a los bloques con mayor número de miembros y el cuarto en representación del oficialismo”, mientras que “la Cámara de Senadores elegirá dos (2) auditores auxiliares”.
La propuesta se da en un contexto en el que la AGN está paralizada, con su presidente, Juan Manuel Olmos, a cargo en soledad ante la falta de consenso político para designar a los seis auditores que deben reemplazar a quienes finalizaron su mandato. La falta de funcionamiento del organismo generó tensiones entre oficialismo y oposición, y esta jugada de Menem aparece como un intento de destrabar la situación con una jugada de alto impacto político.
Uno de los puntos más polémicos del texto es la cláusula que otorga al oficialismo en Diputados la posibilidad de garantizarse un auditor propio. Esto podría dejar al Senado en desventaja, lo que anticipa un fuerte rechazo por parte de los bloques de la Cámara Alta, que podrían considerar la propuesta como una intromisión en su autonomía.
El proyecto también regula el funcionamiento interno de la AGN, establece criterios de remoción del Auditor General (requiere una mayoría de dos tercios), y fija que su salario será equivalente al de un senador nacional. Los auditores auxiliares, por su parte, tendrán un mandato de cuatro años con posibilidad de una reelección, y recibirán una dieta similar a la de un diputado de la Nación.
En sus fundamentos, Menem argumenta que la iniciativa “concreta la autonomía funcional del organismo dispuesta en el artículo 85 de la Constitución Nacional” y que busca fortalecer la figura del presidente de la Auditoría y transparentar el proceso de designación de sus integrantes.
El texto también afirma que el nuevo diseño “plasma el control de gestión en manos de la oposición”, ya que la representación proporcional estaría definida por la mayoría parlamentaria en Diputados, que hoy no ostenta el oficialismo pero sí La Libertad Avanza como segunda fuerza detrás de Unión por la Patria.
El proyecto promete abrir un nuevo capítulo de tensión entre ambas cámaras, en un escenario donde la Auditoría, lejos de ser una institución técnica, se convirtió en un campo de batalla política por el control del Estado. Con esta jugada, Menem y los libertarios buscan quedarse con una herramienta clave para auditar —y eventualmente denunciar— el uso de fondos públicos en una administración decidida a romper con el pasado.
