El Gobierno nacional avanzó en una amplia desregulación del mercado de cabotaje marítimo y fluvial con el objetivo de recuperar la competitividad del sector y enfrentar la crisis que atraviesa la actividad marítima. La norma permite que buques extranjeros operen bajo matrícula argentina, autoriza a empresas locales a utilizar banderas de conveniencia, flexibiliza las condiciones de tripulación y amplía de 30 a 60 días el plazo para que embarcaciones extranjeras realicen transporte dentro del país. También reduce trabas para reparar naves e inscribirlas en los registros nacionales.
La medida fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado en el Boletín Oficial. La intención es «adaptar el sector naval argentino a los estándares de competitividad global e integrarlo de manera más eficiente al comercio internacional». El texto advierte que «la Marina Mercante Nacional corre el riesgo cierto de desaparecer» si no se adoptan medidas urgentes y que las actuales regulaciones generan sobrecostos que encarecen el transporte.
La desregulación incluye la aprobación de un «Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional» y declara como «servicio esencial» a la navegación marítima y fluvial para el transporte comercial de personas, mercaderías y servicios conexos. De esta forma, se busca garantizar su funcionamiento continuo y sin interrupciones, incluso en contextos conflictivos o gremiales.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida asegurando que “el DNU 340/25 con firma de Javier Milei rescata el espíritu constitucional”, en referencia al artículo 26 de la Constitución Nacional que garantiza la libre navegación de los ríos interiores. “Lo más importante es que se permitirá el tratamiento de matrícula nacional a buques extranjeros”, señaló, destacando que eso generará mayor competencia y reducirá costos logísticos.
Se eliminan privilegios a sindicatos al momento de zarpar
Otro de los cambios destacados es que «la dotación la elige el armador, que es quien opera la nave e invirtió en ella», eliminando la necesidad de aprobación sindical para definir el personal. «Era común la extorsión antes de zarpar», explicó Sturzenegger. También aclaró que se mantendrá la exigencia de contar con al menos un 75% de la tripulación compuesta por argentinos o residentes, como establece la Ley de Navegación.
Además, se eliminan restricciones para que talleres navales privados puedan realizar reparaciones, lo que, según el Gobierno, ayudará a reducir costos de mantenimiento. «Facilitar la inscripción y baja de buques, así como el ingreso de más operadores, permitirá modernizar el sector y mejorar su eficiencia», concluyó el ministro Sturzenegger, en línea con la política de cielos y aguas abiertas que impulsa la administración de Javier Milei.
