Un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario volvió a la agenda del Congreso. La oposición le pide a Javier Milei «garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas en todo el territorio de la República Argentina». Algo similar sucedió el año pasado, aunque a pesar de la masiva movilización no avanzaron en más dinero para la educación.
El proyecto lleva la firma de referentes de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), la izquierda, los radicales de Democracia, y hasta dirigentes de la UCR como Julio Cobos. Estos bloques buscarán que las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación habiliten el tratamiento del proyecto para el 19 de junio, habiendo antes tratado el tema en comisión.
Los detalles de la propuesta
El proyecto tiene 12 artículos. Busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria para las universidades públicas.
El texto propone calcular el financiamiento universitario en base a una «proporción universitaria» sobre los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Plantea que esto no impactará sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.
También establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023. Los gastos operativos de las casas de estudio se actualizarían automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se fija una meta de inversión educativa equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2031, con subas progresivas a partir de 2026.
El proyecto contempla, además, la creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras estratégicas, la ampliación de becas estudiantiles y el fortalecimiento de la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar. En sus fundamentos, la iniciativa advierte que «más del 70% de trabajadores perciben salarios por debajo de la línea de pobreza» y que el presupuesto 2025 solo cubre «el 50% de lo requerido para su funcionamiento».
«La otra parte de una política económica socialmente responsable es que no puede gastar menos de lo que ingresa, ya que ello implica, directamente, atentar contra el futuro de nuestro país al desarticular el sistema universitario público argentino», completan entre los argumentos.
