La subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Julieta Calmels, expresó su «enorme preocupación» ante el reciente recorte de más de 200 mil pensiones por discapacidad ejecutado por el Gobierno. La funcionaria calificó la medida como «cruel» y «desigual», al considerar que se aplicó sin un análisis detallado de cada caso, afectando directamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
En declaraciones a Radio Splendid AM 990, Calmels criticó duramente la metodología empleada por el Ejecutivo. Según explicó, la decisión de revisar de forma masiva las pensiones no contempló criterios médicos ni sociales que justifiquen la baja de los beneficios. En ese sentido, advirtió que la situación genera un impacto “desesperante” sobre el sistema de salud pública, que ahora se ve forzado a dar respuesta a quienes han quedado sin cobertura ni recursos.
“El método que decidieron tomar es cruel. Redujeron las pensiones de manera inequitativa e injusta. Esto no es solamente una mala política, es una falta de responsabilidad institucional”, afirmó Calmels.
Un impacto directo en la salud pública
La subsecretaria señaló que, tras el recorte, se ha generado una sobrecarga en el sistema sanitario de la provincia. “Es una situación de ahogo por todos lados”, dijo, al destacar que muchas de las personas afectadas por la quita del beneficio recurren ahora a hospitales públicos en busca de asistencia y contención. Esto compromete los recursos disponibles y limita la capacidad de respuesta del sector.
Desde la Provincia de Buenos Aires aseguran que, más allá de los argumentos presentados por el Gobierno, no se ha brindado información clara ni se han articulado mecanismos de apelación para los damnificados. Además, indicaron que en muchos casos no hubo notificación previa ni posibilidad de revisión personalizada antes de aplicar la baja de las pensiones.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) argumentó que la decisión se basó en irregularidades detectadas durante una auditoría. Según explicaron, quienes perdieron el beneficio no habrían asistido a la citación del Ministerio de Salud para evaluar la continuidad de la asignación.
Críticas por el objetivo económico de la medida
Para Calmels, la decisión responde exclusivamente a un intento de ajuste fiscal. “Es humillante. El único objetivo es tener un achique económico en el sector más vulnerable y desprotegido”, sostuvo. Bajo ese marco, apuntó que esta medida no sólo vulnera derechos, sino que además contradice las obligaciones del Estado en materia de protección social.
En ese contexto, desde la Provincia de Buenos Aires instan al Gobierno a revisar la decisión y garantizar que ninguna persona con discapacidad quede sin cobertura por un procedimiento que consideran arbitrario y deshumanizado. Las autoridades bonaerenses remarcan que es necesario un abordaje sensible, técnico y respetuoso de los derechos humanos para enfrentar este tipo de situaciones.
??"SE TOMÓ UNA DECISIÓN MASIVA Y DE FALTA DE RESPONSABILIDAD QUE ES LA REVISIÓN DE TODAS LAS PENSIONES" @julietacalmels, subsecretaria de Salud Mental, en #RPM con @rolandogps. pic.twitter.com/VMTxdL0hTx
— Splendid AM 990 (@splendidam990) May 5, 2025
