Un grupo de diputados de la oposición presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para regular el lobby político. La propuesta apunta a transparentar las vinculaciones entre funcionarios públicos y gestores de intereses, mediante la creación de un registro nacional obligatorio y digital. El objetivo es claro: que la ciudadanía conozca quién influye en las decisiones del Estado, en qué contexto y con qué recursos.
El texto fue impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). Establece que toda persona, empresa u organización que busque incidir en políticas públicas deberá inscribirse en un Registro Nacional de Gestión de Intereses. Este será público, accesible y remoto, y funcionará como una base de datos oficial para visibilizar los vínculos entre el sector público y privado.
Transparencia política y control ciudadano: cómo funcionaría el Registro Nacional
La propuesta incluye una obligación doble. Por un lado, los gestores de intereses deberán registrar sus actividades, reuniones y contactos con funcionarios. Por otro, los propios funcionarios deberán informar cada encuentro, incluso si ocurre a través de redes sociales. Así, se busca evitar la opacidad en la toma de decisiones y prevenir posibles conflictos de intereses.
El proyecto incorpora además sanciones para quienes no cumplan con el registro, y establece que exfuncionarios no podrán actuar como lobbistas durante al menos dos años después de dejar sus cargos. También exige que se denuncien eventuales delitos detectados en el marco de la gestión de intereses.
Agost Carreño remarcó que el proyecto no prohíbe el lobby, sino que lo ordena. “No lo demoniza. Lo documenta y lo vuelve visible. En una democracia sana, la sociedad tiene derecho a saber quién influye, cómo y para qué”, señaló.
El texto toma como referencia leyes similares de otros países, como Estados Unidos, que desde 1995 regulan el lobby gubernamental. Para el diputado, herramientas como esta fortalecen la democracia y aumentan la confianza pública en las instituciones.
En la presentación, Agost Carreño aludió al caso de $LIBRA, una criptomoneda que se disparó tras una publicación presidencial. “Ese episodio mostró los riesgos de no tener normas claras. Benefició a unos pocos y perjudicó a miles de pequeños ahorristas que creyeron en una supuesta legitimidad institucional”, explicó.
“La influencia en decisiones políticas no puede seguir ocurriendo en la oscuridad”, concluyó. “Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué herramientas”.
