La tensión entre el Gobierno nacional y los gremios estatales sumó un nuevo capítulo tras la publicación del nuevo DNU que limita el derecho a huelga en servicios considerados esenciales. La reacción fue inmediata: el secretario general de ATE, Daniel Catalano, denunció que la norma “destroza la posibilidad de reclamar” y acusó al Ejecutivo de “demonizar la protesta” social.
En declaraciones radiales, Catalano fue enfático: “Este decreto destroza la posibilidad de que los trabajadores puedan llevar adelante un reclamo. Este Gobierno demonizó la protesta, criminaliza la organización y actúa como si estuviera por encima de la democracia”.
La norma, publicada esta semana en el Boletín Oficial, amplía el listado de actividades donde se restringe el derecho a huelga, lo que para los gremios constituye una avanzada directa contra los derechos laborales básicos. Catalano advirtió que el gremio “no va a permitir que se silencie el conflicto social” y convocó a los trabajadores a movilizarse a la Plaza de Mayo.
“No podemos naturalizar que caguen a palos a los jubilados todos los miércoles”, afirmó el dirigente en tono crítico, haciendo referencia a la represión de manifestaciones recientes. En ese marco, remarcó: “Tenemos que ponerle un freno a la condición monárquica de Milei. No es rey, es presidente, y debe respetar la Constitución”.
Además, el titular de ATE exigió que el Gobierno convoque a una paritaria nacional docente, y que se devuelva “la coparticipación a las provincias que están siendo asfixiadas”. También destacó que el nuevo decreto representa “un giro autoritario sin precedentes” y que la respuesta del movimiento obrero será en las calles.
ATE y otras organizaciones gremiales ya analizan un plan de lucha unificado. Mientras tanto, el debate por la legalidad y legitimidad del decreto promete escalar a la Justicia, donde distintos sectores buscan impugnar su aplicación por considerarlo inconstitucional.
La conflictividad social, lejos de amainar, parece estar entrando en una etapa de tensión creciente, con los gremios dispuestos a enfrentar lo que consideran un intento de disciplinamiento por parte del Ejecutivo nacional.
