El Juzgado de Garantías N° 3 de Trenque Lauquen desestimó el pedido de elevación a juicio contra seis sindicalistas de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), acusados de bloquear la planta de Lácteos Vidal en Moctezuma en 2022. Esto fallo representa un duro revés para los sectores empresariales y para el Gobierno nacional que están en contra de estas prácticas del sindicalismo.
La magistrada sostuvo que las supuestas amenazas e intimidaciones que denunció la empresa se dieron en el marco de una huelga y no alcanzan la gravedad requerida por el Código Penal para ser tipificadas como compulsión a la huelga. También rechazó el pedido de embargo solicitado por la pyme, al señalar que no es la damnificada directa en los hechos. El fallo representa un respaldo judicial al derecho de organización y protesta de los trabajadores.
Para el gremio Atilra, la resolución «reafirma el derecho a la defensa de condiciones laborales» y «representa una victoria jurídica» en un contexto donde el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral que busca endurecer sanciones por bloqueos y limitar la acción sindical. De hecho, el capítulo «antibloqueo» de la Ley Bases no fue incluido en el decreto reglamentario tras la falta de acuerdo entre empresarios y la CGT, lo que refuerza el rol de la Justicia como árbitro clave.
Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, expresó su frustración: «Seguiremos más firmes hasta que haya justicia. Bloquear es delito, basta de fundir pymes, mafia sindical y judicial». La empresaria, que ya anunció que apelará el fallo, criticó que «una jueza le da más importancia al derecho del gremio que a los trabajadores que querían trabajar». Para ella, el hecho de que no haya habido heridos no elimina la gravedad del daño económico.
La justificación de los jueces ante el sobreseimiento de los sindicalista de Atilra
El conflicto se inició hace casi tres años con un reclamo de recategorización salarial. La huelga duró más de dos meses e impidió el ingreso y egreso de productos y empleados. Sin embargo, el fallo resalta que el ejercicio de protesta en sí mismo no constituye delito penal si no se produce violencia física directa.
Con este fallo, la Justicia reafirma que el conflicto social y laboral no puede ser criminalizado sin criterios objetivos. En un contexto donde el Gobierno apuesta a castigar las medidas gremiales como forma de liberar la actividad empresarial, este pronunciamiento pone en el centro el derecho constitucional a la huelga y expone las tensiones de un modelo que pretende barrer con décadas de derechos laborales.
