En medio de una creciente presión por parte de organizaciones sociales y representantes del sector pasivo, en Diputados, la oposición ultiman detalles para presentar la próxima semana un dictamen unificado que busca extender la moratoria jubilatoria y actualizar el bono mensual para quienes perciben el haber mínimo.
El acuerdo se está gestando entre los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, aunque todavía deben limar diferencias para que la propuesta avance con fuerza en el recinto. En concreto, el objetivo es reactivar la moratoria vencida en marzo y elevar el bono estancado desde diciembre en $70.000 hasta alcanzar los $105.000.
“Necesitamos datos concretos del impacto fiscal para tomar decisiones responsables”, afirmó Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, al anunciar que solicitaron un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Por su parte, el titular de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, planteó que la OPC no puede analizar los 21 proyectos que hoy están sobre la mesa, y propuso concentrar el estudio en tres ejes clave: cuánto ahorró el Estado con el fin de la moratoria, cuánto costaría reactivarla, y cuál sería el impacto fiscal de incrementar el bono jubilatorio.
Uno de los que respaldó la simplificación fue Nicolás Massot (Encuentro Federal), quien consideró viable agrupar las propuestas en “tres sectores” y así obtener cifras claras: “Dos números nos interesan: el costo de ampliar la moratoria y el costo de subir el bono”.
La urgencia se explica porque, sin una nueva moratoria, informó NA, miles de personas que llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes solo pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que representa apenas el 80% del haber mínimo y no permite acceder a pensiones por viudez.
En ese contexto, se escucharon fuertes críticas al Gobierno durante la ronda final de exposiciones, donde participaron referentes de organizaciones de jubilados y pensionados.
Nora Biaggio, del Movimiento de Jubilados, fue tajante: “Estamos luchando por nuestro salario diferido. Queremos una jubilación digna, una movilidad automática y que el PAMI vuelva a estar en manos de quienes aportamos”.
Desde el Frente de Adultos Mayores, Renee Girardi denunció la degradación de la calidad de vida de los jubilados: “Nos quitan incluso la posibilidad de una muerte digna. Mientras no se restituya la moratoria, habrá lucha en la calle”.
También se pronunció Olivia Ruiz, secretaria de Previsión de la CTA Autónoma Nacional, quien reclamó que el bono se integre directamente al haber mensual: “Más del 50% de los trabajadores están en la informalidad, y eso impacta de lleno en nuestras jubilaciones”.
Entre los proyectos que se evalúan, sobresalen los impulsados por Leopoldo Moreau, Brenda Vargas Matyi, Andrea Freitas y la diputada de izquierda Vanina Biasi, quienes proponen una extensión por dos años de la moratoria. También figura una iniciativa más ambiciosa, de Gisela Marziotta (UxP), que plantea una extensión de diez años, aunque sin el respaldo suficiente.
Otra alternativa en discusión es la propuesta de Alejandra Torres (Encuentro Federal) y Agustín Domingo (Innovación Federal), que busca establecer una jubilación proporcional según los años aportados, con un haber no menor a la PUAM.
Con el malestar social en aumento y la presión política sobre la mesa, todo indica que la próxima semana será clave para el futuro de millones de jubilados. La batalla no será solo legislativa, sino también simbólica: la oposición busca marcar la agenda social, mientras el oficialismo mantiene silencio y deja crecer la tensión. ¿Se viene un nuevo capítulo del conflicto por el ajuste?
