En la causa unificada Hotesur-Los Sauces, que tendrá su juicio oral en los próximos meses, se incorporó una nueva prueba que podría ser determinante: un borrador de pericia contable que revela la magnitud del circuito de presunto lavado de dinero que benefició a Cristina y Máximo Kirchner. El informe expone datos alarmantes sobre la falta de sustento económico de las operaciones hoteleras y la connivencia con el empresario Lázaro Báez.
El documento detalla que la empresa Valle Mitre SRL, encargada de gerenciar los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén, no tenía antecedentes en el rubro y funcionó como una compañía diseñada exclusivamente para transferir fondos mensuales a los Kirchner.
Contratos sin garantías ni respaldo
La pericia judicial, ordenada por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), señala que los contratos entre Hotesur y Valle Mitre carecían de garantías mínimas. No se exigieron garantes, bienes respaldatorios ni seguros válidos para cubrir los alquileres pactados, que superaban los 100 mil dólares mensuales.
El informe muestra que el 88% del activo de Valle Mitre estaba destinado a pagarle a los Kirchner, dejando apenas un 12% disponible para otras operaciones. En términos contables, por cada peso que debía la empresa, solo tenía 55 centavos para responder. Pese a ello, nunca se incumplieron los pagos: los peritos concluyen que existía una relación de “confianza preexistente” que garantizaba la continuidad del negocio, independientemente de su viabilidad.
Ingresos inflados, patrimonio exiguo
Según el análisis técnico, Valle Mitre no contaba con capital suficiente ni experiencia previa en la administración hotelera. En su primer ejercicio con actividad, la empresa registró apenas 10 mil pesos de ganancia sobre ventas por 430 mil pesos. Aun así, accedió a contratos millonarios para manejar los hoteles de la familia presidencial.
Además, Austral Construcciones, firma insignia de Báez, prestó a los Kirchner más de 8 millones de pesos para la compra de Hotesur. A través de créditos internos por 71 millones de pesos, Austral también garantizó que Valle Mitre pudiera pagar los alquileres pactados, estableciendo un circuito cerrado de fondos provenientes de la obra pública.
Un esquema sin lógica comercial
Entre 2009 y 2013, Báez transfirió a Cristina Kirchner un total de 27,5 millones de pesos por la explotación de los hoteles. En los años de mayor actividad, el 50% de la facturación del Alto Calafate provenía de empresas del propio Báez. Según los peritos, ninguna de las partes actuó con criterios comerciales reales, y toda la operación estuvo diseñada para asegurar transferencias millonarias a los expresidentes.
Este nuevo elemento profundiza los cuestionamientos sobre el rol de Báez como “inquilino” y vuelve a poner en jaque la defensa de Kirchner, que insiste en que los contratos eran legítimos. El Ministerio Público Fiscal sostiene que todo el entramado fue una pantalla para operaciones de lavado de activos.
Un antecedente que la complica
La reciente condena en la causa Vialidad ya había trazado conexiones entre el enriquecimiento de los Kirchner y los beneficios obtenidos por Báez con contratos de obra pública. Esta pericia, si es confirmada en juicio, podría sellar una nueva condena para la expresidenta y su hijo, quienes enfrentan inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y penas de prisión.
