La relación entre el Gobierno de Javier Milei y los gobernadores atraviesa un momento de creciente tensión. A las críticas por la paralización de la obra pública y las deudas previsionales, se sumó ahora la inquietud por los cambios que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno al esquema del “Súper IVA”. Este nuevo régimen fiscal, que busca descentralizar parte del impuesto para incentivar la competencia impositiva entre provincias, será uno de los temas que abordarán mañana varios mandatarios en una cumbre organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Paraná.
Allí se darán cita gobernadores de distintas pertenencias políticas como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), quienes llegarán acompañados por el titular del CFI, Ignacio Lamothe. Aunque el seminario tiene como eje el desarrollo productivo, el nuevo esquema de coparticipación ya ocupa la agenda principal.
El “Súper IVA” y una nueva lógica impositiva
Caputo anunció días atrás que el Gobierno trabaja en una reforma impositiva que dividirá el IVA: un 9% quedará en manos de Nación y el resto será administrado por las provincias. Según explicó, el objetivo es generar una competencia fiscal que incentive la eficiencia y la baja de impuestos locales, especialmente Ingresos Brutos.
Aunque la implementación no se espera antes de 2027, el anuncio encendió las alarmas en varias jurisdicciones. Desde el entorno de un gobernador señalaron que “no todos los distritos parten del mismo punto” y que las regiones con recursos naturales como la Patagonia o el Litoral podrían sacar mayor ventaja que provincias sin esa base económica.
Impacto fiscal y malestar en las provincias
En paralelo, el malestar se amplifica por una reciente decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias y de retenciones del IVA en operaciones aduaneras. Aunque se trata de una medida temporal, que se revertirá más adelante, tendrá un impacto inmediato en la coparticipación que afecta directamente la planificación de los pagos de aguinaldos en las provincias.
Desde algunas gobernaciones advirtieron que podrían iniciar acciones judiciales contra Nación por no haber sido notificadas con antelación. En el entorno de un mandatario patagónico no alineado con Milei fueron contundentes: “Esto lo hacen para mejorar los números en un año electoral, bajando el IPC artificialmente”.
La respuesta del Gobierno y el rol del Congreso
En el Palacio de Hacienda afirman que no hay cambios estructurales en la coparticipación y que se trata de una redistribución temporal para mejorar los ingresos fiscales a mediano plazo. Incluso aseguraron que, si los gobernadores los convocan, asistirán a explicar el nuevo esquema.
Economistas como Nadin Argañaraz explicaron que la medida afecta principalmente a grandes empresas, pero que a fin de año el balance será positivo. “Las PyMEs incluso aportarán más este año que el anterior”, sostuvo. En paralelo, desde el oficialismo se difundieron datos que indican que las provincias han recibido transferencias automáticas por encima de la inflación interanual, lo que desarma parte del relato opositor.
Obra pública y rutas paralizadas
Los gobernadores también reclaman la reactivación de la obra pública nacional, con especial énfasis en las rutas federales. Desde Santa Fe señalaron que llevan meses esperando respuestas sobre la transferencia de jurisdicción de algunas rutas, mientras que en el Litoral alertan por el estado crítico de los caminos hacia los puertos exportadores. En la Casa Rosada, sin embargo, consideran que estos proyectos pueden ser abordados con financiamiento privado provincial.
Las cajas previsionales, otro frente caliente
La deuda previsional con ANSES también figura entre los temas más sensibles. El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) es la herramienta que impulsa el Gobierno para sanear la situación, y ya comenzó a aplicarse con provincias como Chubut y Entre Ríos. Sin embargo, Córdoba elevó el reclamo a la Corte Suprema, exigiendo más de un billón de pesos. En Economía aseguran que ya hubo un “acercamiento muy importante” con esa provincia y que hay diálogo abierto con todos los distritos.
La Casa Rosada mantiene su estrategia firme: ordenar las cuentas públicas, avanzar con la competencia fiscal y priorizar el equilibrio financiero sobre los pedidos puntuales que considera parte de un modelo agotado. La señal es clara: los tiempos del gasto sin control se terminaron, y ahora las provincias deberán adaptarse a una nueva lógica.
