La Cámara de Casación convocó a una audiencia el 7 de julio para resolver el reclamo por las visitas al domicilio de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena. Por ahora, solo pueden ingresar a su casa familiares, abogados y médicos.
El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó esta restricción e impuso que la exmandataria presente una lista cerrada con nombres autorizados. También le indicó que cualquier visita extra deberá contar con autorización previa. La defensa impugnó esa medida y además cuestionó la colocación de una tobillera electrónica, aunque ese punto aún no llegó a Casación.
Unión por la Patria pidió ingresar sin autorización
Mientras tanto, diputados y senadores de Unión por la Patria entregaron un escrito para exigir el ingreso sin restricciones. Alegan que, como representantes electos, tienen un mandato institucional que les permite participar en temas de interés público, sin necesidad de pedir permiso judicial.
En su presentación, explicaron que las inmunidades parlamentarias no son privilegios personales. Se trata de garantías que protegen la acción del Congreso. Según los legisladores, negar el acceso sería una violación a la división de poderes y un obstáculo para cumplir sus funciones.
El 17 de junio, la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta. Desde entonces, cumple la pena en su domicilio. La Justicia fijó condiciones estrictas: limitar las visitas, no alterar el orden público y llevar una tobillera de control.
El tribunal definirá en los días posteriores a la audiencia
Además de los legisladores, más de 700 personas firmaron pedidos para visitar a Cristina Kirchner en su casa. Entre ellos hay 44 diputados nacionales y 30 senadores, que exigen poder ingresar sin barreras. Todos los planteos se analizarán el 7 de julio. Luego, el tribunal tendrá cinco días para resolver.
La defensa considera que las restricciones impiden mantener vínculos sociales y políticos, algo fundamental en el caso de una figura pública. También señala que estas condiciones resultan excesivas y vulneran derechos básicos.
Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola todavía pueden apelar la decisión que concedió la prisión domiciliaria. Mientras tanto, la discusión por las visitas a Cristina Kirchner sigue generando tensión entre los distintos poderes del Estado, en un contexto político marcado por la confrontación con el gobierno de Javier Milei.
