El Tribunal Oral Federal N° 4 dispuso este martes la captura inmediata del empresario Lázaro Báez para que cumpla el resto de su condena de 10 años de prisión en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. La resolución, firmada por los jueces Ricardo Ángel Basílico, Néstor Guillermo Costabel y Fernando Canero, pone fin al arresto domiciliario que venía cumpliendo en la Patagonia por la causa Vialidad.
La decisión judicial se concretó después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de Báez el pasado 29 de mayo, confirmando definitivamente la sentencia que lo condenó como «coautor del delito de lavado de activos agravado» a «diez (10) años de prisión, multa de seis (6) veces el monto de la operación, accesorias legales y costas». Con esta resolución del máximo tribunal, la condena adquirió carácter firme y habilitó su ejecución inmediata.
El cómputo realizado por el tribunal estableció que Báez estuvo privado de su libertad en prisión preventiva desde el 5 de abril de 2016 hasta el 12 de diciembre de 2019, totalizando «tres (3) años, ocho (8) meses y ocho (8) días» de detención efectiva. Por lo tanto, «de la pena de diez (10) años de prisión aún le resta por cumplir un total de seis (6) años, tres (3) meses y veintidós (22) días de prisión», según consta en la resolución judicial.
La defensa del empresario había intentado evitar el regreso a prisión argumentando que debían computarse los tiempos de detención sufridos en otras causas paralelas, llegando a sostener que «Báez está privado de su libertad desde hace más de nueve (9) años y dos (2) meses». Sin embargo, el tribunal rechazó categóricamente este planteo, estableciendo que «cada prisión preventiva respondía a diferentes hechos materiales, dictadas en diversos momentos y que debían ser analizadas en el marco de cada expediente en particular».
Por ahora, no habrá prisión domiciliaria para Lázaro Báez
Los magistrados también desestimaron el pedido defensivo de mantener el arresto domiciliario, pese a los argumentos sobre el «deterioro de la salud de Lázaro Báez, la avanzada edad -69 años y 5 meses- y el riesgo real e inminente para su vida y salud en caso de ser trasladado a un establecimiento penitenciario». El tribunal consideró que no se encontraba «demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva» y recordó que la ley no otorga automáticamente la prisión domiciliaria.
La resolución estableció que se adoptarán «las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia». Esta decisión contrasta con el tratamiento dado a otros condenados en causas similares, como Leonardo Fariña, quien logró mantener su arresto domiciliario debido a circunstancias procesales específicas que no se verifican en el caso de Báez.
El fallo representa un hito en la causa conocida como «La Ruta del Dinero K», donde Báez fue condenado por lavar dinero proveniente de la obra pública adjudicada irregularmente durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La orden de detención se produce en un contexto de alta tensión política, pocas semanas después de que la Corte Suprema ratificara también la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, consolidando un escenario judicial adverso para el núcleo duro del kirchnerismo y sus empresarios más emblemáticos.
