Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en la causa Vialidad, la expresidente anunció que planea llevar su caso ante tribunales internacionales. Su defensa insiste en denunciar una supuesta maniobra de lawfare, aunque especialistas advierten que el margen de acción es limitado y que el fallo del máximo tribunal argentino sigue siendo definitivo en el plano interno.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que existen mecanismos para acudir a la justicia internacional, pero su alcance no implica una revisión directa de la condena. “Una vez agotados los recursos internos, la persona puede recurrir al sistema interamericano —vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— o al sistema universal, a través del Comité de Derechos Humanos de la ONU”, detalló. En ambos casos, la denuncia debe presentarse en un plazo de seis meses desde la sentencia firme.
Un proceso largo, sin efecto inmediato
Según Gil Domínguez, el proceso comienza ante la CIDH, que da traslado al Estado argentino. Si la Comisión encuentra violaciones a derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, puede emitir recomendaciones o elevar el caso a la Corte Interamericana. “Ahí sí tramita un juicio internacional que concluye con una sentencia. Pero el trámite es largo y, salvo que se conceda una medida cautelar, la persona debe cumplir la condena mientras tanto”, indicó.
El especialista remarcó que este tipo de procesos no tienen la facultad de “revocar” directamente una condena dictada por la Corte Suprema, sino que, en caso de sentencia favorable, pueden derivar en un pedido de reparación al Estado. La ejecución de ese pedido, sin embargo, dependerá de la voluntad política del país involucrado.
El derecho internacional no reemplaza a la Corte Suprema
En sintonía, el constitucionalista Antonio María Hernández —autor del libro La Constitución y el combate a la corrupción— explicó que Argentina forma parte del sistema interamericano de Derechos Humanos desde la reforma constitucional de 1994. “La vía es clara: primero se recurre a la Comisión y, eventualmente, a la Corte Interamericana. Pero no se puede establecer ni un plazo ni un resultado concreto frente al fallo firme de la Corte”, explicó.
Hernández aclaró además que, incluso si se avanzara en un juicio internacional, el derecho argentino no contempla la anulación automática de una sentencia interna por parte de un tribunal externo. “No hay apelación supranacional. La sentencia es definitiva dentro del sistema de justicia argentino”, sostuvo.
Estrategia política con escasa base jurídica
Desde sectores cercanos al oficialismo y a la oposición cuestionan que CFK utilice el escenario internacional como parte de una estrategia para victimizarse políticamente y deslegitimar una sentencia ratificada por todas las instancias judiciales. En los hechos, se trata de una condena por hechos de corrupción vinculados al direccionamiento de obras públicas a favor de Lázaro Báez, con pruebas documentales y peritajes que sustentaron el fallo.
Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal N.°2 dispuso que la expresidente debe presentarse en Comodoro Py dentro de los próximos cinco días hábiles para cumplir con la resolución, junto a otros ocho condenados. Aunque algunos dirigentes del kirchnerismo intentan sembrar dudas sobre la validez del proceso, lo cierto es que la Justicia ha agotado todas las etapas ordinarias.
