La candidatura de Cristina Kirchner para la elección provincial del 7 de septiembre en Buenos Aires podría verse opacada por un fallo de la Corte Suprema que amenaza con redefinir su futuro político. En el expediente por la causa Vialidad, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ya respaldó la condena original y pidió que se le impongan los 12 años de prisión solicitados por los fiscales. En el horizonte, la confirmación de la sentencia y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos parecen inevitables.
El impacto de un eventual fallo sería devastador para el kirchnerismo, no solo por su contenido jurídico, sino por la oportunidad política: el calendario judicial coincide con las fechas clave del proceso electoral. La pregunta que desvela a propios y ajenos no es qué decidirá la Corte, sino cuándo lo hará.
Tiempos judiciales y tensiones políticas
La Corte, que actualmente funciona con solo tres de sus cinco miembros, tiene en sus manos el expediente por primera vez. A pesar de las internas entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en causas de corrupción vinculadas al kirchnerismo ha habido una línea común: rechazo a las maniobras dilatorias y fallos duros contra los exfuncionarios.
La posibilidad de que el fallo se dicte antes del cierre de alianzas del 9 de julio o del cierre de listas del 19 es cada vez más comentada en los tribunales. Según fuentes judiciales, ese margen de tiempo es más que suficiente para emitir una resolución. Incluso aseguran que «un mes, en este caso, es una eternidad».
Cristina ya movió sus fichas en busca de demorar el proceso: recusó a Lorenzetti por haber sugerido en privado que el tribunal debía resolver el caso con celeridad. Sin embargo, ese recurso difícilmente detenga la decisión final, dado que se necesita la unanimidad de los tres jueces para fallar y el antecedente inmediato (la Ruta del Dinero K) indica que incluso con conjueces no hubo contemplaciones.
El efecto político de un fallo adverso
Si la Corte confirma la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua, Cristina no podría asumir ningún cargo electivo, incluso si resultara electa. De hecho, ese punto vuelve su actual candidatura una carrera contra el reloj, en busca de fueros que podrían quedar sin efecto ante una sentencia firme.
Los rumores de un fallo inminente coinciden con movimientos llamativos en el Congreso: desde proyectos para ampliar la Corte hasta críticas del propio kirchnerismo por el funcionamiento con solo tres miembros. Para algunos analistas, se trata de intentos por presionar o dilatar una decisión judicial que parece estar ya escrita.
La respuesta de la dirigencia política
Desde el oficialismo, la posición es clara: no se impulsarán cambios en la Corte hasta después de las elecciones. Tanto el presidente Javier Milei como su hermana y secretaria general, Karina Milei, consideran que avanzar en esa discusión ahora sería funcional a intereses corporativos. «La casta no quiere ver a uno de los suyos preso», deslizó una fuente con conocimiento directo del caso.
La situación judicial de Cristina preocupa también a otros sectores del peronismo, que observan con inquietud cómo se reduce el margen de maniobra electoral del kirchnerismo duro. Una sentencia de la Corte antes del 19 de julio no solo la dejaría fuera de carrera, sino que obligaría a reconfigurar todo el dispositivo bonaerense.
El kirchnerismo apuesta a los fueros
Los seguidores de la expresidenta aseguran que, una vez oficializada la candidatura, quedará amparada por los fueros. Pero en la Justicia advierten que si la sentencia es anterior al cierre de listas, no habrá posibilidad de resguardo.
A eso se suma la inhabilitación perpetua: incluso si Cristina apelara a instancias internacionales o buscara alternativas políticas, una condena ratificada por la Corte pondría fin a su carrera institucional.
