La ex vicepresidenta Cristina Kirchner busca evitar el encierro en una unidad penitenciaria y pidió cumplir su condena a seis años de prisión en su departamento de Recoleta, junto a su hija Florencia, sin pasar por una alcaidía, sin llevar una tobillera electrónica y con su histórica custodia personal. La solicitud fue presentada por sus abogados poco después de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia en la causa Vialidad.
El escrito, de 13 páginas, fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 2 por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En él se afirma que, dadas las condiciones personales de la líder del Partido Justicialista, su edad (72 años) y los antecedentes de riesgo que enfrenta —como el intento de atentado que sufrió en 2022—, su detención solo podría concretarse bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Mientras tanto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que llevaron adelante la acusación en la causa que investigó direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz, solicitaron su «inmediata detención», cuestionando el plazo otorgado por el juez Jorge Gorini para que los condenados se presenten voluntariamente ante la Justicia.
El magistrado dio cinco días hábiles para que Cristina Kirchner y los demás implicados se presenten en Comodoro Py, sin detención forzada. Paralelamente, el juez solicitó al Ministerio de Seguridad que evalúe alternativas de alojamiento, en caso de que deba hacerse efectivo el arresto.
Desde la defensa, insisten en que enviar a Cristina a una cárcel común implicaría un «régimen de aislamiento absoluto» por cuestiones de seguridad, lo cual sería incompatible con los estándares establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“Una medida de encierro en una cárcel común no garantiza su integridad física ni respeta su condición de ex presidenta«, señalan sus letrados. Además, argumentan que imponerle una tobillera sería una medida «innecesaria», ya que cuenta con custodia oficial las 24 horas del día.
La decisión final sobre su detención —y bajo qué condiciones— queda en manos del TOF 2, que deberá evaluar no solo las solicitudes de la defensa sino también las exigencias de la fiscalía. En medio de un clima de fuerte polarización política, este nuevo capítulo judicial promete un debate encendido sobre el alcance real de la igualdad ante la ley en la Argentina.
