El presidente Javier Milei finalizará este lunes su gira internacional más extensa y regresará a la Casa Rosada para activar una serie de medidas que podrían redefinir el rol del Estado antes de que se le agoten las facultades delegadas que le otorga la Ley Bases. El reloj institucional marca el 8 de julio como fecha límite, y el Ejecutivo prepara al menos 13 decretos que buscarán aplicar recortes, cierres de organismos y reformas estructurales de fuerte impacto político.
Según informó NA, los textos normativos ya se encuentran redactados y solo resta la firma presidencial para ponerlos en marcha. Estas decisiones se centrarán principalmente en tres áreas sensibles: Salud, Capital Humano y Economía, aunque también afectarán organismos técnicos y descentralizados con gran trayectoria.
Uno de los casos más resonantes será la reestructuración del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), que incluiría despidos, venta de inmuebles y un rediseño institucional. Además, se evaluará la situación del Senasa, la ANMAT, la ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, este último ya anunciado para su desregulación pero sin reglamentación concreta hasta el momento.
En paralelo, se mantendrá el rumbo de achicamiento del Estado. La cantidad de empleados públicos nacionales se redujo de 322.000 a 292.000 en el último año, y se prevén nuevas bajas. Mientras tanto, los sueldos de funcionarios jerárquicos siguen congelados desde diciembre, y los monotributistas reclaman sin éxito una actualización desde octubre.
Desde el círculo presidencial se reconoce que, pese a la urgencia, cada decreto debe pasar por un filtro legal estricto, lo que podría frenar parte de la batería de reformas. A esto se suma la posibilidad de que el Gobierno postergue algunos anuncios por el feriado nacional o incluso por un evento de alto impacto político: una eventual detención de Cristina Kirchner, que podría alterar por completo la agenda pública.
Otro interrogante crucial gira en torno al futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Tras el vencimiento de las facultades excepcionales, su rol podría limitarse a funciones de asesoramiento, perdiendo capacidad operativa real para impulsar transformaciones profundas.
A pocas semanas de una nueva etapa institucional, el Gobierno libertario acelera sus decisiones más controversiales. Lo que se defina en estos días marcará un punto de inflexión en la estrategia de desregulación y reforma del Estado, con impacto directo en el aparato público y el equilibrio político de cara al segundo semestre.
