El Gobierno nacional modificó una ley clave que protegía a personas en situación de calle o en riesgo de quedar sin vivienda y dejará de tener un rol central en la asistencia directa, por lo tanto, le pasa la responsabilidad a las provincias y municipios.
Hasta ahora, el Estado nacional debía garantizar políticas activas para asistir a personas sin techo o con riesgo habitacional, pero con el nuevo decreto 373/2025, eso cambia: el Gobierno central solo intervendrá si una provincia o la Ciudad de Buenos Aires demuestra que no tiene recursos suficientes. «El Poder Ejecutivo solo participará en situaciones de insuficiencia técnica, humana o financiera», señala el texto oficial.
Esto significa que serán los gobiernos provinciales y municipales quienes deberán encargarse, por ejemplo, de abrir paradores, gestionar subsidios para alquiler o brindar atención médica y alimentaria. La Nación actuará como coordinadora general: podrá sugerir medidas, establecer lineamientos y monitorear, pero no tendrá una presencia directa constante.
La nueva autoridad de aplicación será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro del Ministerio de Capital Humano. Este organismo, a cargo de Sandra Pettovello, deberá asegurar que las provincias cumplan con los estándares mínimos de derechos humanos y presenten informes sobre cómo usan los fondos en caso de recibir ayuda de Nación.
La resolución del Gobierno nacional sobre la indigencia
Un cambio importante es que se eliminó la obligación de mantener todos los programas sociales preexistentes relacionados con la problemática. Ahora, cada jurisdicción podrá decidir qué programas seguir, cambiar o cerrar.
El decreto también reconoce que las necesidades varían según la región: no es lo mismo una ciudad con miles de personas durmiendo en la calle que una zona rural con viviendas precarias. Por eso, se permite que cada provincia y municipio diseñe su propio plan, aunque respetando ciertos lineamientos generales de derechos humanos.
En resumen, el Gobierno nacional cambia su rol de ejecutor a coordinador en el abordaje de la situación de calle. La medida forma parte de una política más amplia de Milei para reducir la intervención directa del Estado, recortar gastos y trasladar más responsabilidades a las provincias. El impacto concreto dependerá de cómo respondan las autoridades locales frente a esta nueva carga.
