Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la Ley de Emergencia en Discapacidad, una propuesta de la oposición que logró 149 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. La iniciativa busca proteger a las personas con discapacidad ante el recorte de prestaciones, la falta de actualización en los aranceles y los cambios en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) impulsados por el Gobierno nacional.
Emergencia en discapacidad: fuerte respaldo en Diputados
El texto declara la emergencia en todo el territorio argentino hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre los puntos centrales, establece que las prestaciones arancelarias se actualicen desde diciembre de 2023 según la inflación acumulada, y que las pensiones no contributivas tengan una actualización mensual automática en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Además, fija que el monto de las pensiones por discapacidad no podrá ser menor al 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que representa un intento de sostener el poder adquisitivo de quienes dependen de estos ingresos.
Durante el debate, la diputada Soledad Carrizo (UCR) sostuvo que “este sistema está necesitando que todos busquemos una salida razonable y coherente”. También se pronunció Melina Giorgi (Democracia para Siempre), quien advirtió que “el equilibrio fiscal no puede buscarse a través del ajuste al sector de discapacidad”.
Prestaciones, pensiones y aranceles: los puntos clave de la ley
Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, remarcó que el colectivo de personas con discapacidad “debe recibir lo que merece” y pidió avanzar en reformas que realmente cambien sus condiciones de vida. Eduardo Valdés (Unión por la Patria) denunció que los transportistas que trasladan a estas personas cobran apenas 500 pesos por kilómetro, y muchos dejaron de prestar servicio.
Desde el oficialismo, Santiago Pauli (La Libertad Avanza) defendió al Gobierno de Javier Milei y afirmó que la situación es heredada. Comparó los aumentos otorgados en distintas gestiones y afirmó que la verdadera emergencia en discapacidad se generó bajo la administración anterior. “No intenten dibujar los datos”, lanzó el diputado.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la implementación de la ley tendrá un impacto fiscal de entre 1,8 billones y 3,6 billones de pesos, según el número de nuevos beneficiarios. El refuerzo por el desfase de 2024 ascendería a $278.323 millones, mientras que para talleres protegidos se proyecta una partida de $7.160 millones.
Ahora, la discusión pasará al Senado. La oposición espera que el oficialismo no bloquee el avance de la ley. Mientras tanto, familias, prestadores y organizaciones del sector siguen reclamando que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.
