La inflación comenzó a dar señales de contención, el dólar se mantiene estable y la actividad muestra repuntes puntuales. Sin embargo, el Gobierno nacional enfrenta un frente silencioso que amenaza con erosionar los avances en el plano económico: el deterioro del empleo formal y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Los recientes informes de consultoras privadas y organismos oficiales coinciden en que, pese al orden macroeconómico alcanzado, aún no se observa una reactivación robusta del trabajo registrado ni una mejora real del ingreso. En este contexto, el Hospital Garrahan se convirtió en el epicentro de un conflicto salarial que puede replicarse en otras áreas del Estado si no se aborda con precisión quirúrgica.
Empleo estancado y salarios por debajo de la línea de pobreza
Según la Unión Industrial Argentina (UIA), el empleo en el sector fabril no da señales claras de recuperación. Tras doce meses de caídas mensuales, la ocupación industrial apenas se mantiene por encima del piso de julio de 2024 y aún se ubica un 7,9% por debajo del pico de octubre de 2013.
Los datos oficiales refuerzan esa tendencia. El ingreso promedio per cápita fue de $442.596 en el último trimestre de 2024, mientras que la mediana quedó en $320.000. Para las personas asalariadas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio fue de apenas $415.730, frente a una canasta básica que ya supera el millón de pesos para una familia tipo.
El Garrahan, un nuevo punto crítico
Como ocurrió con el conflicto universitario, el caso del Garrahan exhibe no solo la presión salarial, sino también la desconexión de parte del sindicalismo tradicional, desplazado por trabajadores autoconvocados que rechazan el tope de aumento del 1% mensual fijado por el ministro Luis Caputo.
La número dos del Ministerio de Salud, Cecilia Loccisano, fue la encargada de endurecer la posición oficial: amenazó con auditorías, puso en duda la presencia de “ñoquis” y difundió la versión de un posible aumento de $400.000 que aún no se materializó. Si ese monto se concreta como bono o mejora salarial, implicaría una suba superior al 50%, algo que tensionaría el esquema de equilibrio fiscal.
Una red de poder que va más allá de la salud
Mario Lugones, actual ministro de Salud y figura clave del oficialismo en el área, concentra bajo su órbita organismos como la Superintendencia de Salud, el PAMI, la ANMAT y la agencia de discapacidad. Su rol se fortaleció tras la salida de Mario Russo y se apoya en vínculos con figuras como Luis Barrionuevo y Enrique “Coti” Nosiglia.
Según fuentes del sector, Lugones ya proyecta transferencias de hospitales nacionales a las provincias o a la gestión privada, una estrategia que incluiría al propio Garrahan. Mientras tanto, su entorno sigue blindado y evita exponerse ante la escalada del conflicto.
Triaca, Loccisano y los vínculos con la Ciudad
La figura de Loccisano también arrastra polémicas pasadas. Es exesposa del exministro macrista Jorge Triaca, con quien compartió la consultora Eficci SRL. Aunque ya no figura como socia, la empresa firmó un convenio con el gobierno porteño por $37 millones, revelado recientemente por el sitio El Disenso. El traspaso accionario a Triaca fue parte del acuerdo de divorcio.
La CGT sin poder de fuego
El conflicto con los médicos también expone el retroceso de los sindicatos tradicionales. El paro del Garrahan, como antes el de las universidades, se gestó por fuera de las estructuras gremiales. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, está de viaje en la OIT y tampoco intervino: no tiene autorización de Capital Humano para mediar.
El malestar sindical escala y ya se registran más de 100 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) activos por despidos o suspensiones en sectores como metalúrgica, neumáticos, textiles y transporte. La CGT, debilitada y sin capacidad de movilización real, se aferra al recambio generacional como última esperanza.
Pese a que el Gobierno logró estabilizar el dólar y contener la inflación, el frente social empieza a calentarse. La prioridad en el orden fiscal y monetario tiene costos visibles en áreas sensibles como salud, educación y empleo. Para la administración Milei, evitar que los focos aislados se conviertan en un incendio generalizado será clave en la segunda mitad del año.
