El Gobierno de Javier Milei decidió postergar hasta después de las elecciones la negociación por los cargos judiciales clave, que incluyen lugares vacantes en la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y múltiples juzgados federales del país. La decisión responde a una evaluación política concreta: con el kirchnerismo en control de un tercio del Senado, no hay posibilidad de avanzar sin pactar.
Fuentes de Casa Rosada confirmaron que no está en la agenda del oficialismo acelerar esas designaciones antes de octubre. «No es un tema que vayamos a tocar antes de las elecciones nacionales», aseguró una fuente con acceso directo al círculo presidencial.
Poder de bloqueo en el Senado
En la actualidad, Unión por la Patria cuenta con 34 senadores y puede frenar cualquier intento de nombramiento, ya que los pliegos judiciales necesitan el voto afirmativo de dos tercios del cuerpo. El escenario no se modificaría incluso después del recambio legislativo previsto para diciembre.
«La correlación de fuerzas puede hacer que el kirchnerismo sea aún más poderoso», analizó un funcionario libertario, al anticipar que el oficialismo deberá negociar con sectores como el de Axel Kicillof, Juan Grabois o incluso Guillermo Moreno para avanzar en los nombramientos.
La prioridad: Corte y Procurador
El Gobierno mira con especial interés dos cargos: los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación. Este último lidera el Ministerio Público Fiscal, decide sobre el accionar de los fiscales y su rol ganará aún más peso con la implementación del Sistema Acusatorio, previsto para agosto.
El oficialismo, a través del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, impulsa ese sistema, que ya funciona en 12 provincias y que trasladará el poder de investigación desde los jueces a los fiscales. No obstante, desde el Gobierno reconocen resistencia por parte del propio Ministerio Público Fiscal, en especial por la exigencia de presencia física en audiencias y la falta de recursos.
«Les dimos tecnología, oficinas y un plan de equilibrio de personal. No entendemos la resistencia», señaló una fuente oficial que participó de las negociaciones con los fiscales.
Una Corte más representativa
Tras el rechazo en abril a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, en Casa Rosada evalúan alternativas. Una opción en análisis es la ampliación de la Corte Suprema a siete o nueve miembros. El objetivo: una integración «más representativa de la sociedad y de los partidos políticos», que permita al oficialismo incluir un perfil académico libertario puro, en sintonía con el modelo judicial impulsado por Donald Trump en EE. UU.
Según trascendió, el nombre de García-Mansilla sigue sobre la mesa, pero se buscará un perfil de mayor consenso. Para cargos como el de Procurador, también se evalúa modificar competencias, aunque fuentes del Ejecutivo niegan que eso esté en marcha.
Vacantes sin cubrir y falta de cuadros
Más allá de la Corte y la Procuración, el mapa de vacantes judiciales es preocupante: hay 184 cargos vacantes en juzgados federales y más de 80 en el Ministerio Público Fiscal y en la Defensoría General, muchos de ellos sin avances desde 2018.
En noviembre del año pasado, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, había prometido avances en los envíos al Senado. Sin embargo, la mayoría de esos pliegos siguen en el Poder Ejecutivo. Una fuente del oficialismo explicó la demora con crudeza: «No tenemos candidatos libertarios para esos puestos y no hay apuro».
El rol del kirchnerismo
El Gobierno admite que deberá negociar con el kirchnerismo y otros sectores opositores si quiere avanzar. En los despachos oficiales se habla de la posibilidad de pactar una lógica de “uno y uno”, pero también se considera más viable la vía de ampliar el número de miembros de la Corte para destrabar el conflicto.
A pesar del enfrentamiento abierto con Cristina Kirchner, el oficialismo no descarta negociar con ese espacio. El objetivo es avanzar hacia una justicia más ágil, con menos interinatos y con designaciones que respalden la transformación institucional que plantea el modelo libertario.
