El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una nota ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, encargado de la Causa Vialidad, para rechazar la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner en San José 1111, barrio de Constitución. En el escrito el gobierno porteño advierte sobre las consecuencias negativas que ya generó y que podría seguir generando el cumplimiento de la condena de la titular del PJ en ese lugar.
La presentación fue realizada por la Procuración General porteña por instrucciones del jefe de Gobierno, Jorge Macri, manifestando la «preocupación institucional» por el impacto que esa medida tendría sobre la movilidad urbana, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad poblacional y tránsito constante.
El documento, al que accedió Infobae, indica que «desde que se confirmó la condena de la exmandataria comenzaron a registrarse concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y una sobrecarga operativa sobre las fuerzas de seguridad de la Ciudad. También se adjuntaron informes técnicos que advierten que un operativo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento del macrocentro porteño».
De esta manera, el gobierno porteño solicitó que, en caso de autorizarse la prisión domiciliaria en ese lugar, se implementen «medidas excepcionales» para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales y así evitar que la Ciudad de Buenos Aires asuma toda la responsabilidad de esta custodia.
La Justicia no le dará lugar al Gobierno porteño
Más allá de esta solicitud, al igual que la que hicieron los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola para que Cristina Kirchner no tenga prisión domiciliaria, la Justicia se la autorizará a la exmandataria. Por un lado, consideran que hay un enorme riesgo al movilizar a la exjefa de Estado hasta Comodoro Py, en conjunto con una masiva marcha y un acampe en la puerta de los tribunales, lo que implica un despliegue de seguridad y control sobre los seguidores del PJ.
A esto se le suma que la expresidenta tiene más de 70 años y está en condiciones de pedir este beneficio. Además, su abogado sostuvo que al haber sido la máxima autoridad del país y al haber sido atacada el 1 de septiembre de 2022 en un intento de asesinato, su seguridad no estaría garantizada en una prisión convencional y que lo mejor es que cumpla con la condena en su casa, ya que el peligro de fuga es bajo teniendo en cuenta que es una personalidad sumamente reconocida.
