El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 2, suspendió la licencia que tenía programada para la próxima semana y continuará al frente del expediente que ejecuta la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La decisión se conoció este viernes, luego de que trascendiera públicamente su intención de viajar a España mientras debía definirse la detención de la ex presidenta.
Fuentes judiciales confirmaron que la licencia había sido solicitada con anterioridad y había sido aprobada cuando la causa no figuraba en el calendario inmediato del tribunal. Sin embargo, ante la repercusión mediática del viaje y la proximidad de la fecha límite para que Kirchner se presente ante la Justicia, Gorini optó por cancelar su salida del país.
La definición clave sobre la detención
Con esta decisión, el magistrado seguirá actuando como juez de ejecución de la sentencia contra CFK y los demás condenados. De no haberlo hecho, la responsabilidad habría recaído en su colega Rodrigo Giménez Uriburu, también miembro del tribunal oral. El tercer lugar del cuerpo está vacante y es ocupado por el juez suplente Andrés Basso.
Cabe recordar que Giménez Uriburu fue cuestionado por la defensa de Kirchner debido a su participación en el equipo de fútbol “Liverpool”. Y en el que también jugaban otros funcionarios judiciales y que participó en un torneo disputado en la quinta del expresidente Mauricio Macri.
Las decisiones sobre la ejecución de sentencias son atribución de un solo juez. Sin embargo, fuentes del tribunal indicaron que, por la trascendencia del caso, todas las resoluciones cuentan con consenso interno.
Plazo en cuenta regresiva
La próxima semana vence el plazo que tiene Kirchner para presentarse voluntariamente ante la Justicia. El tribunal fijó un período de cinco días hábiles para que los condenados se presenten, el cual finaliza el miércoles. La expresidenta también solicitó cumplir su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
En su pedido, la defensa argumentó tres razones principales: su edad (72 años), su rol institucional como exmandataria —que implica un esquema especial de custodia— y el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022. En ese marco, los abogados también solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Requerimientos y evaluaciones en curso
El tribunal inició el proceso para resolver esa solicitud y pidió opinión a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A su vez, requirió al Ministerio de Seguridad que proponga, en un plazo de 24 horas, lugares adecuados de detención para los condenados, considerando las particularidades de cada caso.
“Requiérase al Ministerio de Seguridad Nacional que en el término de 24 horas procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas”, ordenó el tribunal, que también subrayó la necesidad de garantizar condiciones de seguridad específicas en el caso de la exmandataria.
En el expediente, se dejó constancia de que Kirchner es abogada y tiene 72 años. Fue presidenta y vicepresidenta de la Nación, por lo cual requiere medidas de custodia especiales. Además, se remarcó el antecedente del intento de magnicidio ocurrido en 2022, que aún se encuentra bajo debate oral.
Una respuesta bajo llave
La cartera de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, respondió al requerimiento este miércoles por la tarde. Según trascendió, la respuesta fue entregada en sobre cerrado y por razones de confidencialidad se archivó en una caja fuerte del tribunal. Y sin acceso aún para las partes involucradas.
La decisión final sobre si CFK deberá cumplir prisión efectiva o domiciliaria se tomará en las próximas horas.
