El Tribunal Oral Federal 2, encabezado por el juez Jorge Gorini, ordenó una inspección detallada del departamento que Cristina Kirchner propuso para cumplir con el arresto domiciliario. El inmueble está ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.
La medida llegó tras el pedido formal de su abogado, Carlos Beraldi, luego de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.
Inspección para evaluar si el domicilio es apto
El juez solicitó ampliar el informe socioambiental del departamento. Pidió detallar cómo es la zona, el tránsito peatonal y vehicular, y el tipo de construcciones vecinas.
También exigió información adicional que sirva para evaluar si el lugar permite que la ex presidenta cumpla allí su condena. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal está a cargo del relevamiento.
La misma orden se extendió a los domicilios propuestos por otros condenados en la causa, como José López, Raúl Pavesi y Nelson Periotti. Todos buscan evitar cumplir la pena en una cárcel común.
La defensa argumenta que una cárcel no garantiza seguridad
Carlos Beraldi argumentó que llevar a Cristina a una institución carcelaria no garantiza su seguridad. Recordó que se trata de una ex jefa de Estado con custodia permanente de la Policía Federal.
Esa vigilancia, según sostuvo, permite un control total durante las 24 horas. Añadió que no existe ningún riesgo de fuga o entorpecimiento judicial. Por eso consideró innecesario colocarle una tobillera electrónica.
El departamento pertenece a Los Sauces S.A., la inmobiliaria de la familia Kirchner investigada en una causa por lavado de dinero. Según la defensa, el inmueble reúne condiciones suficientes para que su defendida cumpla con la pena.
El juez pidió además la opinión del fiscal Diego Luciani antes de resolver. El fiscal ya había solicitado la detención inmediata de Cristina Kirchner, pero Gorini volvió a rechazar esa posibilidad.
Mientras tanto, sigue corriendo el plazo de cinco días hábiles para que los condenados se presenten en Comodoro Py. La Policía de la Ciudad ya recibió la orden de colaborar con las detenciones. Este caso, de fuerte impacto político y judicial, se da en medio de un clima de alta tensión institucional bajo el gobierno de Javier Milei.
