En las últimas horas, mientras la Corte Suprema se prepara para emitir un fallo clave, el kirchnerismo redobló su ofensiva contra el juez federal Jorge Gorini, el magistrado que deberá ejecutar la sentencia contra Cristina Kirchner si el máximo tribunal rechaza el recurso presentado por su defensa.
Bajo el grito de alerta que lanzó la propia exvicepresidenta —«hay que estar atentos a que me metan presa»—, el operativo político-mediático para victimizarla se intensificó. Pero detrás de ese discurso, se esconde una trama mucho más grave: la acumulación sistemática de ataques contra los jueces que condenaron a la jefa del peronismo.
El fallo que podría ejecutarse hoy
La Corte, presidida por Horacio Rosatti, tiene previsto pronunciarse este martes a las 16 sobre los planteos de la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Si los rechaza, la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 quedará firme y pasará a fase de ejecución. Eso significa que Gorini, presidente del tribunal, deberá definir la modalidad del cumplimiento de la pena: seis años de prisión efectiva, decomiso por $85.000 millones e inhabilitación perpetua para cargos públicos.
La condena fue emitida en diciembre de 2022 por el TOF 2, que integran Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, y ratificada en noviembre de 2024 por la Cámara de Casación. El fallo describe una estructura de corrupción enquistada en la obra pública de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, con licitaciones direccionadas al empresario Lázaro Báez, ligado a CFK.
Los jueces señalaron una «ficta legalidad» diseñada para defraudar al Estado, en connivencia entre organismos nacionales y provinciales de Vialidad. A lo largo de 51 licitaciones, el holding de Báez recibió contratos multimillonarios que —según el fallo— estaban destinados a enriquecer a ambos.
Espionaje, presiones y amenazas
Desde el inicio del juicio, Gorini fue objeto de una serie de ataques que ya son materia de una investigación penal en Comodoro Py. Según el propio juez denunció, durante el proceso judicial fue espiado, sus declaraciones juradas fueron sustraídas, su información biométrica fue consultada ilegalmente en el RENAPER, y su familia fue vigilada desde una unidad básica de La Cámpora ubicada cerca de su domicilio.
La situación llegó a un punto límite en septiembre de 2022. En plena etapa de alegatos, cuando se halló un paquete sospechoso en la puerta de su casa, que fue detonado por especialistas en explosivos. Aunque el hecho terminó en una falsa alarma, los ocupantes del local K abandonaron la sede poco después.
El informe del Consejo de la Magistratura confirmó que las declaraciones juradas de los tres jueces del TOF 2 fueron abiertas sin autorización. En el caso de Gorini, se trató del sobre n.° 37.421 correspondiente al año 2020. Además, se registraron al menos 12 ingresos ilegales a su información en bases de datos oficiales.
El «pelotón de fusilamiento» y el caldo de cultivo
No se trata solo de presiones anónimas. Kirchner no dudó en referirse al tribunal como un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”. Y que fue tomado por sus seguidores como luz verde para iniciar escraches. Incluso se difundieron amenazas en redes sociales incitando a revelar los domicilios de los jueces. Por ejemplo, uno de ellos pedía directamente un “pelotón de fusilamiento” real.
Frente a esta situación, Rosatti solicitó a la Cámara de Casación aumentar la custodia de Gorini, Basso y Giménez Uriburu. La preocupación es compartida por buena parte del Poder Judicial, que observa con alarma la escalada de violencia verbal y simbólica del kirchnerismo.
El juez que Cristina deberá volver a enfrentar
Si la Corte deja firme la condena, Gorini será quien determine cómo se aplica la pena a Cristina Kirchner. Ya no será como vicepresidenta en ejercicio, sino como ciudadana condenada por corrupción. El juez, que durante tres años soportó la presión directa del poder político, deberá decidir ahora sobre la libertad de quien fuera la figura más poderosa del país.
Todo indica que el kirchnerismo buscará volver a instalar el relato de la proscripción. Sin embargo, los fundamentos del fallo, las pruebas recolectadas y la validación de Casación dejan poco margen para el discurso de la persecución.
Más allá de los intentos de intimidación, la Justicia se encuentra hoy ante una instancia decisiva: hacer cumplir la ley frente al poder político. Y si lo logra, será a pesar de las amenazas, no gracias a la pasividad de quienes deberían condenarlas.
