Ante el inminente rechazo de la Corte Suprema a los recursos judiciales de Cristina Kirchner por la causa Vialidad, su círculo íntimo volvió a activar una estrategia conocida: buscar respaldo internacional. Pero esta vez, la respuesta es tibia, los apoyos son escasos y los resultados, inciertos.
El intento más visible fue recurrir a Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y a figuras del Grupo de Puebla, un colectivo que nuclea a expresidentes y líderes de izquierda. Eduardo Valdés y Oscar Parrilli —históricos operadores del Instituto Patria— encabezaron los contactos. Pero las señales desde el exterior no fueron las que esperaban: Lula está de viaje, Dilma Rousseff no firmó ningún comunicado y la adhesión quedó limitada a nombres sin poder real.
El mismo libreto, pero sin eco
En paralelo al proceso judicial local, el kirchnerismo comenzó a tantear posibles vías internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional, organismos donde ubicaron a referentes afines durante sus años en el poder. Sin embargo, para que esas presentaciones prosperen, deberían demostrar una denegación de justicia o una persecución política probada, algo difícil de sostener tras múltiples instancias judiciales en Argentina.
Incluso el comunicado del Grupo de Puebla —firmado por Alberto Fernández, Rafael Correa, Ernesto Samper y Baltasar Garzón— apenas logró poner en agenda el tema. En el texto, acusan una supuesta afectación al derecho de defensa de la ex presidenta, aunque ni siquiera se menciona el término «lawfare», clave del discurso kirchnerista durante años.
La comparación con Lula es forzada. El expresidente brasileño fue liberado por el Supremo Tribunal Federal tras comprobarse la parcialidad del juez Sergio Moro, quien luego fue ministro de Bolsonaro. Pero el caso argentino no presenta ese tipo de anomalías procesales: CFK fue condenada por corrupción en dos instancias y el fallo fue revisado por tribunales ordinarios.
Asilo, versiones y un pasado que pesa
En el entorno de la expresidenta descartaron versiones sobre un supuesto pedido de asilo político en Brasil. Las calificaron como “delirantes”, aunque la sola mención revela el nerviosismo interno. Además, fuentes cercanas al oficialismo aseguran que Lula no tiene intención de exponerse por Cristina, con quien mantiene una relación distante.
La tensión entre ambos no es nueva. Durante el encarcelamiento de Lula, Cristina optó por el silencio, mientras que Alberto Fernández encabezó la campaña “Lula Libre” y lo visitó en prisión. Cuando el presidente brasileño viajó a Buenos Aires en 2023, no se reunió con Cristina, a pesar de estar a pocas cuadras. Un mensaje claro de distancia política y personal.
Ahora, desde Brasil, Celso Amorim —asesor de Lula— conversó con Parrilli sobre la situación judicial en Argentina. En la charla se mencionó incluso la detención de Juan Grabois, intentando instalar una narrativa de “violencia estatal” por parte del Gobierno de Milei. Una operación que busca victimizar al kirchnerismo mientras pierde terreno en la justicia y en las urnas.
Apoyo de los de siempre, pero sin peso
Hasta el momento, los únicos respaldos internacionales provienen del Grupo de Puebla, espacio que reúne a exmandatarios sin funciones actuales. No hubo pronunciamientos de presidentes en ejercicio, ni siquiera de Lula, quien en su momento escribió un tibio tuit de solidaridad en 2022, y desde entonces guardó silencio.
En paralelo, la defensa de Cristina explora recursos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque ambas instancias están integradas por funcionarias argentinas de perfil kirchnerista, como Andrea Pochak y Valeria Gómez, lo que las obligaría a excusarse por conflictos de interés.
Aún si estas presentaciones prosperaran, no tendrían efectos vinculantes sobre la Justicia argentina, que ya se encuentra en la etapa final del proceso. La condena podría quedar firme en breve, y ni los mensajes del extranjero ni los viejos relatos de lawfare impedirían que Kirchner deba enfrentar las consecuencias.
