El tratamiento sobre la ampliación de la Corte Suprema comenzó su recorrido formal esta semana en el Senado, pero todo indica que no habrá definiciones en el corto plazo. Legisladores de diversos bloques confirmaron que el debate se extendería al menos por dos o tres meses, lo que se alinea con los tiempos que busca la Casa Rosada, interesada en retomar la discusión con una nueva composición legislativa tras el recambio de diciembre.
La ronda de exposiciones se inició el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Allí quedó en evidencia que el proceso será lento y, para algunos senadores, deliberadamente dilatado. Hoy restan 16 expositores, pero no se descarta que se agreguen más.
Vigo en el centro de la polémica
La conducción del debate está en manos de Alejandra Vigo, senadora del peronismo disidente y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque públicamente promueve un camino de consenso, su propuesta de llevar el debate al interior del país generó malestar en despachos opositores. «¿Somos la Casa de las provincias y vamos a salir a girar por el país? Parece un chiste. Le está haciendo el juego al Gobierno», lanzó un legislador con larga trayectoria en la Cámara alta.
La estrategia de ralentizar el tratamiento despierta sospechas entre los dialoguistas, quienes la acusan de encubrir una maniobra del Ejecutivo para mantener el statu quo o preparar el terreno para una futura ampliación de la Corte con figuras afines.
Nombres propios en la mira
Entre los expositores confirmados para las próximas reuniones figuran la exjueza Aída Kemelmajer, convocada por los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez junto a la jujeña Carolina Moisés; el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el abogado Francisco Oneto, conocido por haber defendido a Javier Milei.
Nadie se explica, en cambio, por qué no fue invitado Sebastián Amerio, el funcionario que maneja la estructura técnica del Ministerio de Justicia. Su ausencia no pasó desapercibida entre los senadores que siguen de cerca el armado del oficialismo.
Proyectos, antecedentes y papelones
Las comisiones analizan propuestas para elevar la cantidad de integrantes de la Corte a siete, nueve o incluso quince. Esta última opción recuerda al proyecto aprobado por el Frente de Todos en 2022, que luego quedó cajoneado en Diputados. Tampoco se olvida el fallido intento de reforma judicial de 2020, con modificaciones improvisadas durante la sesión y una votación caótica liderada por la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.
Durante el plenario, el senador Juan Carlos Romero advirtió sobre la parálisis institucional: «No hay diálogo político real desde hace más de veinte años. La Auditoría está acéfala, el procurador no está designado, el Banco Central tiene directores en comisión hace una década y no hay defensor del pueblo».
Francos vuelve al Senado y complica los tiempos
El jueves pasado, la sorpresiva salida del jefe de Gabinete Guillermo Francos del recinto llevó a que el Senado vote convocarlo nuevamente para el miércoles siguiente. Esto altera el cronograma de exposiciones sobre la Corte, que habían sido programadas con frecuencia quincenal. Algunos legisladores ya expresaron su preocupación por los posibles retrasos y el rol ambiguo de Vigo, a quien muchos consideran funcional a los deseos de la Casa Rosada.
