Aunque se firmó un nuevo acuerdo salarial para empleados de comercio, el sector mayorista advirtió que no está dispuesto a convalidar lo que considera un esquema lleno de «costos ocultos». Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) reclamaron a la Secretaría de Trabajo que no se homologue la paritaria mientras se mantengan aportes compulsivos que elevan el costo laboral y, según aseguran, benefician solo a las estructuras sindicales y empresariales que firman los convenios.
La paritaria de comercio es una de las más relevantes del país por volumen de trabajadores alcanzados: más de 1,2 millones. No obstante, desde CADAM advierten que el aumento salarial es solo una parte del problema. «Queremos discutir salarios reales, no seguir financiando estructuras gremiales empresarias, sindicales y seguros elegidos por ellos», señalaron desde la entidad.
El acuerdo salarial firmado
El entendimiento alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias contempla un aumento del 6% sobre las escalas vigentes a junio. La suba, de carácter no acumulativo, se distribuirá en tramos del 1% mensual entre julio y diciembre.
Además, se estableció el pago de una suma no remunerativa de $40.000 mensuales desde julio hasta diciembre. El monto correspondiente a diciembre será incorporado al salario básico en enero de 2026, mientras que los anteriores no tendrán efecto retroactivo. Para quienes trabajan jornada parcial, los importes serán proporcionales.
Costos extras que no figuran en el salario
Los empresarios mayoristas afirman que existen aportes y contribuciones que encarecen los salarios de forma artificial, sin retribuir a los trabajadores. Los principales ítems cuestionados son:
- Contribución solidaria COVID-19 a OSECAC: vigente desde 2021, se sigue cobrando $5.500 por empleado, incluso si no están afiliados a la obra social.
- Aporte obligatorio al INACAP: de $4.725 por trabajador. Aunque un decreto nacional volvió voluntario este pago, el instituto sigue reclamándolo apoyado en un fallo judicial de alcance local.
- Seguro complementario de retiro obligatorio: representa un 2,5% del salario, sin opción para el trabajador de elegir otra cobertura. La mitad va a una cuenta individual y la otra mitad al fondo solidario.
- Aporte al sindicato: implica el descuento del 0,5% del salario, aunque el empleado no esté afiliado. En algunas zonas se suman aportes adicionales.
Desde CADAM proponen que estos fondos sean directamente transferidos al salario de cada trabajador, quien debería poder decidir libremente si los utiliza en capacitación, retiro o cualquier otro fin.
El conflicto con INACAP y su interpretación del fallo
La situación con el Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP) es especialmente polémica. Pese a que el Decreto 149/2025 dispuso que el aporte es voluntario, la institución sigue emitiendo notificaciones bajo el título de «DEUDA VENCIDA – PENDIENTE DE REGULARIZACIÓN», amparándose en una medida cautelar que solo rige para Avellaneda y Lanús.
«La información publicada en su sitio web podría generar confusión deliberada», denunció CADAM en una carta documento enviada a las autoridades del INACAP. Según la entidad, el instituto omite explicar que el fallo judicial no tiene alcance nacional y que el decreto sigue vigente para el resto del país.
El INACAP, por su parte, publicó un comunicado citando un fallo judicial que, según afirman, ratifica la obligación del aporte incluso para afiliados y no afiliados. Desde CADAM denuncian que esto es una tergiversación legal y exigen definiciones claras por parte de la Secretaría de Trabajo.
Un debate que va más allá del salario
El planteo de fondo de los empresarios mayoristas apunta a revisar el sistema de paritarias en su conjunto. Aseguran que el actual esquema de negociaciones colectivas privilegia a los firmantes —sindicatos y cámaras empresarias— en detrimento de los trabajadores reales y de los sectores productivos que no participan del proceso.
«El Estado no puede ser indiferente ante prácticas que distorsionan la negociación salarial y que aumentan el costo argentino sin transparencia», señalaron. Y remarcaron que, en lugar de sostener aportes arbitrarios, el Gobierno debería garantizar que el 100% del salario pactado llegue efectivamente al bolsillo del trabajador.
La paritaria de comercio se transformó, así, en un campo de batalla que expone una disputa estructural sobre el modelo laboral argentino. Por eso, desde CADAM insisten en que no debe homologarse el acuerdo hasta que no se eliminen estos aportes que —afirman— nadie eligió y todos pagan.
