Una encuesta realizada inmediatamente después de confirmarse la condena a Cristina Kirchner reveló una paradoja que define el momento político argentino: más del 50% considera culpable a la expresidenta y cree que debe ir presa, pero casi la mitad desconfía de la justicia y cree que actuó de manera deshonesta. Por otro lado, la mayoría de los argentinos coinciden en que los jueces de la Corte Suprema de Justicia y los federales deben ser elegidos por el voto popular.
El relevamiento, hecho por ZubanCórdoba entre el 10 y 11 de junio sobre 1.200 casos, expone las profundas contradicciones de la opinión pública. El dato más llamativo surge cuando se consulta sobre el sistema de designación de jueces: el 61,1% de los encuestados está de acuerdo con que los jueces deberían ser electos por voto popular, frente al actual sistema donde son designados por el Presidente con acuerdo de dos tercios del Senado.
La desconfianza hacia el sistema judicial actual es abrumadora. Un 76,4% de los consultados está en desacuerdo con que se designen jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, una práctica que ha generado controversias en diferentes gobiernos. Además, el 56,6% considera que en la Argentina no somos iguales ante la ley, lo que refleja una percepción generalizada de que existe justicia para unos y otra para otros según el poder político o económico.
Los argentinos opinaron sobre el caso judicial de Cristina
El caso Cristina funciona como un espejo de estas contradicciones. Mientras el 53% la considera culpable, el 46,5% cree que la justicia actuó de manera deshonesta en su caso. Esta división se profundiza cuando se analiza el timing de la condena: el 51,7% tiene dudas sobre que la justicia haya condenado a la expresidenta justo a un mes del cierre de listas electorales en la Provincia de Buenos Aires, sugiriendo sospechas sobre motivaciones políticas detrás de la decisión judicial.
Los números muestran una sociedad polarizada pero con algunos consensos claros sobre la reforma del sistema judicial. La demanda de elección popular de jueces surge como una alternativa al actual mecanismo, que muchos perciben como político y poco transparente. Esta percepción se refuerza cuando se observa que incluso quienes apoyan la condena a Cristina Kirchner mantienen dudas sobre la honestidad del sistema judicial en general.
La encuesta también revela diferencias generacionales significativas: los mayores de 60 años son más severos con Cristina Kirchner (70,9% la considera culpable) mientras que los más jóvenes están más divididos. Sin embargo, la desconfianza hacia el sistema judicial trasciende las edades, sugiriendo que el problema va más allá de las divisiones partidarias tradicionales.
Los resultados exponen lo que los encuestadores denominan «un equilibrio inestable»: los argentinos quieren justicia pero no confían en los jueces actuales, demandan condenas pero dudan de quienes las dictan. Esta paradoja plantea un desafío central para el sistema democrático: cómo reconstruir la legitimidad de un Poder Judicial que la ciudadanía percibe como politizado, mientras se debate si la solución pasa por democratizar su elección o por reformar los mecanismos actuales de designación.
